El Gobierno cobrará en otro impuesto la rebaja anunciada en la factura de la luz

Alarma por el precio de la electricidad

La eliminación de la tasa del 7% a la generación eléctrica costará a las arcas del Estados unos 1.000 millones, una cantidad similar a la que recibirá por el aumento del precio del CO2.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ayer, durante una visita a un colegio de la ciudad.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ayer, durante una visita a un colegio de la ciudad. / R. García (Efe)
Raúl Estévez

20 de septiembre 2018 - 21:36

Sevilla/El Gobierno de Pedro Sánchez no va a poner en riesgo los ingresos previstos para las arcas del Estado a través de la factura de la luz de todos los españoles. Por lo menos de momento. La suspensión temporal –en principio sólo para este ejercicio– del impuesto del 7% por la generación eléctrica a las compañías, que a su vez repercutía en el cada vez más temido recibo de los usuarios, supondrá alrededor de 1.000 millones de euros menos en ingresos para Hacienda.

La propia ministra del ramo, María Jesús Montero, lo reconoció ayer y anunció que esta merma en la recaudación "se corregirá con otras partidas presupuestarias".

El Estado tiene garantizado recuperar estos 1.000 millones, una cantidad significativa si se tiene en cuenta de que el Gobierno tiene previsto elevar el gasto social en los próximos meses, gracias al aumento en los ingresos por la venta de derechos de emisión de CO2.

El precio de la tonelada de CO2 se cuadriplicado en tan sólo un año, hasta los 21 euros. Según fuentes del sector, su precio se moverá permanentemente entre los 20 y los 25 euros, que es donde la Unión Europea ha fijado desde hace tiempo su precio ideal, con el objetivo de que cada vez se use menos recursos contaminantes como el carbón y se potencien las energías renovables.

Este considerable aumento del precio de la tonelada de CO2 ha hecho que la previsión de ingresos del Gobierno pase de unos 370 millones a cerca de 1.400. Hasta el pasado mes llevaba recaudado 790 millones.

De esa cantidad, 450 millones irían destinados por ley a incentivar a la producción de energías limpias como la solar o la eólica, pero Hacienda podría disponer del resto a discreción. "Las gallinas que entran por la que salen", resumiría un conocido cómico español.

La rebaja supondrá entre un 2% y un 4% del recibo de un consumidor medio

Además, está por ver cómo afecta la suspensión de la tasa del 7% por la generación eléctrica a las compañías y cómo se refleja en la factura al consumidor final. Estas empresas llevaban tiempo reclamando la eliminación de este impuesto creado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 porque les hace perder competitividad en un sector interconectado y en el que los países del entorno no obligan a sus compañías nacionales a ese peaje extra. "Este impuesto es uno de los motivos por los que España ha pasado de ser un país exportador a uno importador", dicen desde el sector.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya anunció ayer durante una visita a Valladolid que el descenso de ingresos por la suspensión del impuesto sobre la generación eléctrica será compensado por la subasta de derechos de emisión de CO2 y por los propios presupuestos públicos.

Pero Ribera no entró a valorar cuál será la verdadera rebaja en la factura de la luz del usuario medio. Algo que sí hizo Montero, que aventuró que supondría un recorte de entre el 2% y el 4%. Unos ocho euros en una factura promedio en el mejor de los escenarios.

Y un máximo de una rebaja del 5,5% en el recibo del gran consumidor industrial, según según los Técnicos de Hacienda (Gestha), que elevan el coste de eliminar el impuesto a la generación eléctrica a casi 1.500 millones.

Las asociaciones de consumidores califican la medidas de “parche” y “tomadura de pelo”

Un descenso que no convence a nadie. Las asociaciones de defensa de los consumidores fueron las primeras en protestar por lo insuficiente de la medida. Estas organizaciones calificaron el anuncio de Ribera de "parche" para remediar la subida de la luz, que no hace más que marcar máximos anuales semana tras semana desde hace unos meses.

La OCU aseguró ayer que "llama mucho la atención que la primera medida que se tome para abaratar el precio de la luz sea quitarle un impuesto a las empresas. Tendremos que ver si en los próximos días esa bajada se traslada íntegramente a los precios de la electricidad". Esta organización prevé que la factura de la luz rubricará una subida del 3,3% a finales de este mes.

Unas cifras que hicieron que Facua adjetivara la medida de "una tomadura de pelo", ya que la subida del precio de la electricidad en septiembre superará por sí sola la rebaja anunciada.

Igualmente, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, valoró la suspensión del impuesto a la generación eléctrica de "limosna". Amor alertó de que si no se toman medidas, más del 50% de los autónomos pagarán por la subida del diésel y el incremento de la luz en 2019 tanto como lo que pagan por sus cotizaciones a la Seguridad Social, entre 130 y 200 euros más cada mes.

En el 21% de IVA está la solución y el problema

Eliminar temporalmente el impuesto a la generación eléctrica –al menos hasta que el Gobierno presente su prometido plan integral para reestructurar el sector enérgetico– es poco más que el "chocolate del loro".

El nudo gordiano, lo nuclear está en el 21% de IVA que el Estado recibe por cada factura de la luz. Por la eliminación de la citada tasa, Hacienda dejará de ingresar unos 600 millones en lo que resta de 2018 (de un total anual de unos 1.400).

Sin embargo, recauda a través del 21% de IVA unos 8.400 millones. Cantidad que se va incrementado a medida que aumenta cualquier concepto incluido en el recibo.

Así, la medida de rebajar el IVA en la que están de acuerdo partidos como Unidos Podemos, que ha pedido dejarlo en el 10%, y todo tipo de organizaciones, que llegan a solicitar que se sitúe en el 4% al calificar a la electricidad como un bien de primera necesidad, sería letal para las arcas públicas y las cuentas estatales caerían como un castillo de naipes.

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