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Análisis
Joaquín Aurioles
Política y economía, conflicto de poderes
La vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anticipado que "probablemente" el Gobierno rebaje de forma temporal la fiscalidad aplicada a la electricidad, suspendiendo alguno de sus impuestos con el objetivo de rebajar la factura, en línea a lo realizado en otras ocasiones.
En 2018, ante una escalada de precios como la actual en los meses de agosto y septiembre, suspendió durante seis meses el impuesto a la generación eléctrica del 7% y desactivó el "céntimo verde", una exención en el Impuesto de Hidrocarburos para los combustibles destinados a producción eléctrica.
Ribera ha afirmado en el Congreso de los Diputados, donde ha respondido a una interpelación del PP, que junto a una "reforma seria de la fiscalidad energética no es descartable que ante una situación tensa, como la actual, haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento".
El objetivo, según ha afirmado, es facilitar a los consumidores hacer frente a una factura que se ha encarecido por el incremento de los costes de los combustibles fósiles, de los que, ha dicho, hay que ir deshaciéndose.
La ministra también ha defendido la reforma para minorar los beneficios que están obteniendo centrales no contaminantes anteriores a 2005 por los altos precios de los derechos de emisiones de CO2. Ha apuntado que casi el 90% de la electricidad que se produce en España no tiene que pagar esos derechos, pero sí se beneficia del alto precio que marcan las tecnologías que sí los pagan, como los ciclos combinados que utilizan gas como combustible.
Ha añadido que ésta bien que los inversores tengan rentabilidad, pero no es razonable que la transición hacia un nuevo modelo energético "la paguen los más débiles".
En ese momento, Ribera explicó que la suspensión de esos dos impuestos iba a tener un impacto en torno al 4% sobre la factura de los consumidores domésticos.
El impuesto a la generación eléctrica nació con la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de 27 de diciembre de 2012, que elaboró el gobierno del PP para luchar contra el déficit de tarifa (desajuste entre ingresos y costes regulados del sistema) en un momento en el que el sistema acumulaba 24.000 millones de euros de deuda.
Las compañías eléctricas se opusieron siempre a este impuesto, que el Tribunal Constitucional concluyó en julio de 2018 que no vulneraba ningún precepto constitucional.
El "céntimo verde", por su parte, es un gravamen pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, pero tiene el efecto de encarecer los precios de la electricidad en el mercado mayorista cuando tecnologías como el gas fijan los precios.
Además, Teresa Ribera ha anunciado que para paliar los efectos que está teniendo en la industria el encarecimiento de los derechos de CO2 el Gobierno generará en las próximas semanas un crédito adicional de 100 millones de euros para la compensación de esos costes.
La ministra ha señalado que los industriales españoles que ya compran electricidad para 2022 y 2023 lo harán más barato que en Francia y Alemania y ha apuntado que en los dos últimos años y medio el diferencial de precios con Alemania se ha reducido en un 75% y en el caso de Francia la diferencia ya es positiva para España, descontadas las distorsiones de precios que está habiendo en los últimos días.
Escalada del precio de la luz
Los anuncios de la ministra se producen en un momento de escalada de los precios en el mercado mayorista eléctrico -en el que casan sus ofertas los generadores de energía- por la subida del gas natural y de la cotización del CO2, que ha coincidido en el tiempo con la entrada en vigor el 1 de junio de un nuevo sistema de tarifas.
Para este miércoles, la electricidad alcanza el tercer precio medio diario más caro de la historia, 94,63 euros/megavatio hora (MWh), y se acerca al segundo más alto, 94,99 euros, que se produjo en medio de la tormenta Filomena en enero de este año.
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