El Gobierno aprueba un decreto contra los falsos autónomos, con el que espera aflorar 40.000 empleos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley contra el uso fraudulento de la figura del autónomo, lo que se conoce como falsos autónomos, con la finalidad de aflorar cerca de 40.000 empleos en el régimen general de la Seguridad Social.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros y en la rueda de prensa para valorar los dos primeros meses del Gobierno previa a las vacaciones estivales, el jefe del Ejecutivo afirmó que este decreto permitirá, por tanto, dar "más derechos y mayor cobertura" a estos trabajadores y proporcionarles un trabajo "más digno", así como acabar con el "mal uso" de esta figura.

En concreto, el real decreto, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los 'falsos autónomos' en el Régimen General de la Seguridad Social.

Se trata de aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral son trabajadores por cuenta ajena. Es lo que se conoce como falsos autónomos.

En estos casos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General, que es el correspondiente para los trabajadores por cuenta ajena, al menos hasta la finalización del procedimiento.

Las empresas afectadas, o en su caso, los trabajadores, tramitan la baja para anular el alta practicada de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, que actúa a instancia de la Inspección de Trabajo y dentro del procedimiento de infracción iniciado por ésta.

Junto con este real decreto, el Gobierno ha aprobado también otro real decreto-ley del Ministerio de Trabajo para dar cobertura sobre la regulación del Programa de Activación para el Empleo (PAE), con un presupuesto de 53 millones de euros, para que hasta un máximo de 41.000 parados que tenían suspendido el subsidio del programa --que decayó el pasado 30 de abril-- por haber suscrito un contrato de trabajo, puedan reanudar el cobro de la ayuda de 430 euros al mes.

El Ministerio de Trabajo estima que alrededor de 41.000 parados que se beneficiaban del subsidio del PAE y habían encontrado un empleo no han podido reanudar la prestación al solicitarla una vez que han vuelto a una situación de desempleo y a cumplir los requisitos. Sánchez ha añadido que el 65% de los beneficiarios serán mujeres.

Estos potenciales beneficiarios tampoco han podido acceder al subsidio extraordinario incorporado por el PP a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 tras expirar el PAE y el Prepara. De esta forma, esos beneficiarios que dejaron de percibir la ayuda podrán volver a cobrarla por el tiempo que les restaba.

El Gobierno afirma que el carácter urgente del real decreto-ley se justifica por que al haber finalizado la vigencia del Programa resultaba "imposible" la reincorporación de aquellas personas que habían causado baja temporal en el mismo por colocación por cuenta ajena o propia, o pérdida del requisito de rentas, o responsabilidades familiares.

La interrupción de la prestación, asegura el Gobierno, impedía tanto la reincorporación al programa extinto como la percepción de la nueva ayuda sustitutoria del PAE, que excluye expresamente la solicitud de beneficiarios de aquel programa. La reincorporación supone "evitar una situación de desigualdad" entre aquellos que no han causado baja temporal y los que sí, con derechos reconocidos en idénticas condiciones de necesidad, según destaca el Ejecutivo.

"Es preciso tener en cuenta que la medida afecta a un colectivo muy necesitado de protección, al tratarse de personas que han agotado todo tipo de ayudas y con responsabilidades familiares a su cargo. De este modo, se evita que dichas personas queden desprotegidas al no poder reincorporarse al Programa, pese al reconocimiento inicial del derecho", afirma el Gobierno.