Análisis
Joaquín Aurioles
Política y economía, conflicto de poderes
Faltan solo flecos
El Ministerio de Trabajo prevé cerrar de forma "inminente" un acuerdo con los agentes sociales para la reforma del subsidio de desempleo, a falta de concretar algunos detalles comprometidos verbalmente en la reunión de este lunes y a la espera de que sindicatos y patronal lo sometan a aprobación interna.
"Hoy se han sentado profundamente los mimbres para que en un plazo inminente podamos anunciar un nuevo acuerdo de diálogo social (...) Tendremos que decidir el vehículo legislativo concreto, pero obviamente lo que sí puedo garantizar es que se respetará lo acordado en diálogo social", ha declarado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey tras la reunión.
Tras el rechazo del primer intento de reforma, que fue tumbado en enero por el Congreso con los votos de PP, Vox y Podemos, el Gobierno no descarta volver a aprobar el texto de nuevo como decreto ley, con la confianza de que pasará el trámite en la Cámara Baja.
Ahora se mantiene la cotización para la jubilación de los perceptores mayores de 52 años en el 125% de la base mínima vigente (equivalente al salario mínimo en cada momento), cuestión que supuso el rechazo de Podemos porque el texto primigenio recortaba ese porcentaje al 100%.
El texto que se está ultimando con patronal y sindicatos mejora la cuantía a percibir, amplía los colectivos beneficiarios y extiende la compatibilidad con el empleo a la prestación contributiva de paro (no solo para el subsidio asistencial).
La cuantía del subsidio equivale al 80% del indicador de rentas múltiples (Iprem), unos 480 euros al mes, pero tras la reforma aumentará al 95% del IPREM (570 euros) los primeros seis meses, bajará al 90% en los seis meses siguientes y será del 80% como en la actualidad el resto del tiempo, hasta completar un máximo de 30 meses.
El subsidio se amplía a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, a los trabajadores eventuales agrarios, a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, y a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares.
Tras el diálogo social se ha abierto asimismo a trabajadores marroquíes con autorización de trabajo en territorio español que cumplan los requisitos, aunque ya no estén residiendo en España.
También a mujeres víctimas de violencia de género o sexual y a los emigrantes retornados, que tendrán un subsidio propio con las mismas características y cuantía que el de desempleo.
El Ministerio se ha comprometido a enviar un nuevo texto con las incorporaciones reclamadas por los agentes sociales, que en caso de los sindicatos tienen que ver con garantías de control y evaluación del mecanismo de compatibilidad con el empleo, para que sea verdaderamente un instrumento para la inserción.
El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, y la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, han valorado el grueso de la propuesta porque hará que la protección asistencial por desempleo llegue a "más personas, con mejores prestaciones y mejor inserción laboral".
Ambos han considerado que esta propuesta mejora la reforma que decayó en el Congreso que, han recordado, no fue negociada con los agentes sociales, y recoge gran parte de sus planteamientos.
Entre ellos, compatibilizar el cobro de la prestación contributiva por desempleo con un trabajo a partir del décimo tercer mes, ha explicado Bravo, si bien han reclamado al Gobierno que esta medida debe ir acompañada con elementos de control y seguimiento.
"Si eso se concreta, nosotros estamos de acuerdo en explorar esa vía", ha dicho Bravo, quien ha avanzado que, una vez reciba la propuesta por escrito la llevará a los órganos de gobierno del sindicato.
No obstante, Estévez ha recordado que esta reforma deja fuera algunas cuestiones como una mejora del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) o la vinculación del subsidio a otro índice.
Bravo ha añadido la necesidad de abordar mejoras para que todos los colectivos que cobran algún tipo de subsidio puedan terminar integrándose en el ingreso mínimo vital (IMV) y eliminar los vacíos de cobertura del sistema de protección para que nadie se quede desamparado.
Fuentes de CEOE han explicado que prefieren esperar a leer los retoques del texto que Trabajo se ha comprometido a enviarles antes de manifestarse sobre la reforma.
No obstante, el secretario de Estado ha considerado que no ve "ningún motivo de peso" para que las patronales CEOE y Cepyme no se sumen al acuerdo, si bien ha reconocido que ha habido peticiones por parte de los empresarios que para el Ministerio suponen "líneas rojas" que no se van a traspasar.
Entre ellas, que se considere como oferta de trabajo adecuada un empleo que no sea indefinido ni cercano al lugar de residencia.
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