Gobierno y PSOE pactan una reforma legal urgente para mitigar los desahucios

Madrid/La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, han acordado adoptar medidas urgentes contra los desahucios que se plasmarán en un real decreto ley o en un proyecto de ley que se tramitará por el procedimiento de urgencia. La intención es articular medidas "preventivas y paliativas", que tengan el máximo consenso y que presten una atención preferente a las familias en situación más vulnerable, las que tengan niños y mayores a su cargo, y a las situaciones de especial vulnerabilidad, según informan desde el Gobierno y el Partido Socialista. El próximo lunes se reunirá un grupo de seis expertos, tres por parte del Ejecutivo y otros tres por parte del PSOE, que serán los encargados de diseñar los detalles técnicos de la propuesta.

En sendos comunicados, Valenciano y Saénz de Santamaría insisten en la necesidad de que se acometa el problema de los desahucios con celeridad, así como que las medidas tengan el máximo consenso y la mayor efectividad posible. La vicepresidenta del Gobierno y la número dos del PSOE serán las encargadas de seguir el curso del trabajo que realicen los expertos designados por ambas partes.

La crisis económica y la persistencia del desempleo ha causado una merma de ingresos a miles de personas que no han podido hacer frente a sus compromisos de pago de la hipoteca y han sido desahuciados de su vivienda. Para proteger a deudores hipotecarios sin recursos, el Gobierno aprobó en marzo pasado una normativa que contenía también un Código de Buenas Prácticas para la banca. El PSOE presentó en septiembre un proyecto de ley, registrado en el Congreso en octubre, con un conjunto de medidas para afrontar el problema de los desahucios a la vista de la persistencia de la situación.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) disponibles, en el segundo trimestre de este año los desahucios solicitados ascendieron a 18.886, mientras que los órganos judiciales acordaron la práctica directa de 29.275 desahucios. Entre 2006 y 2011 se presentaron en España 396.943 ejecuciones hipotecarias, una cifra equivalente al 10% de las hipotecas formalizadas a favor del comprador de vivienda en el mismo periodo.