El sector cementero alerta de sus altos costes eléctricos y la falta de obra pública
La industria andaluza pone de relieve las dificultades por las que atraviesa el sector
El nuevo escenario de derechos de CO2 y las bajas tasas de valorización energética son otros de sus problemas
La industria cementera andaluza ha denunciado las dificultades por las que atraviesa, debido a los costes eléctricos, la ausencia de obra pública, el comercio de derechos de CO2 y las bajas tasas de valorización energética.
Estas dificultades se destacaron ayer en la presentación de la memoria de sostenibilidad del sector cementero en Andalucía, que elabora la Fundación Laboral del Cemento y el Medioambiente (Flacema). Esta asociación fue creada en 2003 por Cementos Cosmos –Grupo Votorantim–, FYM/HeidelbergCiment Group, Cementos Portland Valderrivas, Cemex España y LafargeHolcim, así como por UGT y CCOO.
El presidente de Flacema, Francisco Zunzunegui, subrayó que el incremento de los costes eléctricos, “que en España son los más altos de Europa”, la “ausencia casi total” de obra pública, el nuevo escenario de comercio de derechos de CO2 y las bajas tasas de valorización energética “están mermando” la competitividad de las cementeras andaluzas para poder exportar.
Recordó, en un comunicado, que la tasa de valorización en Andalucía está por debajo de la española y de la europea, “existiendo incluso algunas fábricas en nuestra región a las que no se les permite valorizar”. La memoria destaca que las emisiones del sector cementero de CO2, NOx, SOx y partículas están “por debajo de los niveles establecidos por la ley”.
También recuerda que el sector cementero andaluz recicló 1,18 millones de toneladas de materias primas procedentes de residuos entre 2015 y 2017, y otras 487.273 toneladas de combustibles alternativos.
Las cementeras andaluzas dejaron de emitir 200.000 toneladas de CO2, debido a la biomasa contenida en los residuos utilizados como combustibles.
Las cementeras andaluzas invirtieron más de 28 millones de euros entre 2015 y 2017, de los que el 21,3% se destinaron a cuestiones medioambientales.
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