Fernando Faces
Perspectivas económicas: España 2025
Madrid/Ferrovial encara mañana una junta histórica para el futuro de la compañía, que pasa por trasladar de España a Países Bajos su sede social mientras se siguen evidenciando las diferencias con el Gobierno, al que le piden que respete la voluntad de los accionistas, y atando las mayorías.
A poco menos de 24 horas para que se reúna la junta, las miradas están puestas en el voto de los accionistas, que son los verdaderos propietarios de la compañía y que previsiblemente sacarán adelante esta polémica operación, anunciada a finales de febrero y con la que el grupo pretende cotizar en el mercado estadounidense pasando previamente por la bolsa de Ámsterdam.
Tras una insólita relación epistolar entre el Gobierno y la empresa horas antes de que los accionistas deban decidir su voto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha vuelto a la carga este miércoles asegurando que los accionistas de Ferrovial "tienen todo el derecho a conocer la verdad" y a tomar una decisión "informada" en la junta de mañana.
El Gobierno insiste en que no hay ningún obstáculo para que el grupo cotice en EEUU desde España. No obstante, ayer el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, reconoció que si surgen necesidades de ajustes normativos o de mercado estarían dispuestos a reaccionar con rapidez.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que asegura que insiste en sus tesis para que los accionistas conozcan toda la información de cara a una junta trascendental, ya ha trasladado a Ferrovial que le gustaría que la sede siguiese en España y que no hay razones económicas que justifiquen esta decisión.
Este punto es importante ya que para poder acogerse a la exención de tributar por las plusvalías latentes que afloren con la operación, que en estos casos suelen ser elevadas, Hacienda debe validar que el traslado no busca obtener una ventaja fiscal sino que responde a razones económicas válidas.
La Agencia Tributaria avisa de que estos análisis pueden demorarse años y sostiene que no recibe presiones del Gobierno.
La compañía, asesorada por abogados en España, Países Bajos y EEUU, reitera que hay razones económicas sobradas y que esta operación no se hace por ningún motivo fiscal sino que es el paso natural a su internalización.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido de nuevo al Gobierno un respeto a las decisiones de una empresa privada como es Ferrovial y ha añadido que las presiones no son la forma más adecuada de proceder, mientras que el PP considera "absolutamente escandaloso" el "intervencionismo" del Ejecutivo sobre las empresas.
Ferrovial someterá a las 12.30 horas en la junta a votación un total de 13 puntos del orden del día, siendo el décimo determinante ya que de él depende la aprobación de una fusión transfronteriza intracomunitaria por la que Ferrovial será absorbida por su filial holandesa Ferrovial International SE (FISE).
La fusión se acogerá al régimen de neutralidad fiscal y a tal efecto será comunicada a la Agencia Tributaria.
El tipo de canje es de una acción ordinaria de nueva emisión de FISE por cada acción de Ferrovial, sin compensación complementaria alguna.
Los accionistas contrarios a esta operación pueden votar en contra de la misma y acogerse, si así lo desean, a su derecho de separación para salir del accionariado, en cuyo caso recibirán una contraprestación de 26,0075 euros, por debajo de los 27 euros a los que mueven pasadas las 15:00 horas los títulos.
Si optan por salir podrán hacerlo dentro del plazo de un mes a contar desde que se publique en el BOE el acuerdo de aprobación de la fusión. También los acreedores podrán ejercer su derecho de oposición en igual plazo. Para ello, previamente habrán tenido que votar en contra de la operación en la junta.
La operación está condicionada a que estos derechos de separación no superen los 500 millones, lo que equivale al 2,5 % del capital, ya que en caso contrario podría afectar negativamente a Ferrovial desde el punto de vista financiero y de rating.
El grupo considera que el impacto del pago de estos derechos de separación sería temporal y no comprometería su capacidad para mantener sus actuales inversiones, que se concentrarán aún más en Norteamérica (el 92 % de las ya comprometidas para 2023-2027).
En las últimas horas el Estado noruego, que posee una participación del 1,49 % en Ferrovial, ha cambiado su opinión y votará finalmente a favor del traslado y del resto de puntos del orden del día.
Además de Rafael del Pino, que suma un 20,4 %, su hermana María, con el 8,2 %, y el fondo TCI, con el 7 %, votarán a favor de la propuesta, mientras que Leopoldo del Pino, hermano del presidente de Ferrovial y cuarto accionista del grupo con un 4,15 %, se inclina a votar en contra, aunque parece que no ejercerá su derecho de separación, que ascendería a casi 800 millones.
Todos ellos, junto con BlackRock (3,17 %), son los accionistas significativos de Ferrovial, que suma más de 727 millones de derechos de voto y una capitalización bursátil que roza los 20.000 millones.
Si se aprueba la fusión, Ferrovial solicitará poco después su admisión en la bolsa de Ámsterdam, y espera que antes de que acabe el año pueda cotizar en la de Nueva York.
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