"Solo el 1% de los beneficiarios andaluces de la PAC reducirán sus importes más del 20%"
Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación
¿Por qué el Gobierno apuesta por acelerar la convergencia entre agricultores y no por alargar el modelo actual hasta la implantación de la nueva PAC?
Este Gobierno cumple con una demanda realizada por la Comisión Europea, desde hace años, y que no se había acometido. El objetivo es acabar con una falta de objetividad, como el hecho de que dos agricultores, de una misma región, que cultivan lo mismo, en las mismas condiciones, hoy, pueden recibir ayudas muy diferentes.
En este debate es muy importante el tipo de preguntas que nos hacemos. Cuando nos preguntamos por qué aceleramos la convergencia, se piensa en los beneficiarios que tienen importes de ayuda por encima de la región a la que pertenecen y, sin embargo, nadie hace referencia a los beneficiarios que tienen importes de ayuda por debajo. A lo que ambos tienen realmente derecho es a recibir el importe de ayuda medio de su región, tanto el que recibe menos como el que recibe más; ése es el punto de llegada de un proceso que comenzó en 2015.
El Gobierno no hace otra cosa que proseguir con la convergencia, siguiendo sobre todo las recomendaciones de la Comisión Europea, para concluir un proceso que se dilata más que en la mayoría de Estados miembros, en que ya está concluido. No obstante, este proceso de reequilibrio se realizará de forma gradual, de manera que los agricultores puedan ir adaptándose.
En el comunicado de la Junta y las organizaciones agrarias se dice que un 25% de los agricultores andaluces cobra un 30% más que la media de su región. ¿Considera el Gobierno que en general en Andalucía los agricultores reciben más de lo que deberían recibir?
Permítame una aclaración. Un beneficiario puede tener tantos derechos como hectáreas. De esos derechos, algunos pueden tener un valor por encima del 30% de la media de su región. En Andalucía sólo el 9% de los derechos tiene un valor superior al de su región, cifra muy similar al conjunto de España que es el 8%.
El proceso de convergencia significa que los importes de ayuda por hectárea por encima de la media de la región se reducen progresivamente hacia la media. Al mismo tiempo, quienes tienen importes de ayuda por hectárea por debajo de la media de la región, ven incrementados también progresivamente sus importes hacia la media.
Entonces, ¿no habrá un número significativo de agricultores andaluces que verán reducida drásticamente su renta en 2021 y 2022?
A resultas de la propuesta de convergencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 2021, solo el 1% de los beneficiarios de Andalucía verá reducidos sus importes en más de un 20%. Globalmente, habrá tantos beneficiarios cuyos importes se aproximan a la baja como beneficiarios cuyos importes se aproximan al alza. En su conjunto, el ejercicio para la comunidad autónoma de Andalucía es neutro.
"La mayoría de los estados de la UE ya ha concluido la convergencia"
Fernando Miranda explica que hasta 2015, los agricultores y ganaderos recibían el pago único que estaba vinculado directamente al cultivo o al ganado que tuvieron durante el denominado “período de referencia” (entre los años 2000 y 2003, llegando en algunos casos hasta 2009). La reforma de la Política Agraria Común (PAC) que entró en vigor a partir de 2015, estableció la obligación de "poner fin a las referencias históricas para que el importe de ayuda por hectárea que recibiera cada agricultor o ganadero fuera el mismo en cada una de las regiones". Esta reforma estableció también, continúa Miranda, que teniendo en cuenta que el punto de partida para cada agricultor o ganadero podía ser muy diferente del importe medio por hectárea asignado a cada región, "la transición o convergencia de dichos importes individuales hacia los importes medios regionales, debería hacerse de forma paulatina". "En la mayoría de los casos, las diferencias de importe de pago básico entre dos beneficiarios de la misma región tienen que ver con sus producciones de hace más de quince años. Por ejemplo, alguien que recibió derechos de ovino y caprino o de remolacha, es muy posible que ahora ya no tenga ese ganado o ese cultivo y, pese a ello, conserve los derechos de valor más elevado, más de diez años después. En la medida en que los pagos ya no pueden estar vinculados a la producción, no está justificado mantener tales diferencias", afirma el secretario general de Agricultura.
Miranda añade que la nueva reforma, que se inicia en 2023, "deberá concluir el proceso de convergencia. Con toda seguridad, cuando concluya, la convergencia habrá durado más de una década, con lo que todos los beneficiarios habrán tenido tiempo para adaptarse pues". "Si miramos en nuestro entorno, la gran mayoría de Estados miembros han concluido ya este proceso, con la particularidad de que, en casi todos, hay una sola región, a lo sumo algún Estado miembro tiene 3, mientras que en España hay 50 regiones", concluye Fernando Miranda.
En todo caso, los importes por hectárea medios de las regiones de Andalucía son los que establece la normativa actual de la PAC y son, por tanto, los que les corresponden a los agricultores de Andalucía y de toda España.
Respecto a la negociación de la nueva PAC: ¿Es partidario el Gobierno de llegar a una tasa plana por regiones? ¿Por qué?
El avance en el proceso de convergencia es una exigencia de la Comisión Europea y así lo ha expresado en sus recomendaciones al futuro Plan Estratégico.
Dada la gran diversidad agraria que hay en España, tanto el Ministerio como las comunidades autónomas estamos de acuerdo en que hay que hacer una diferenciación de la ayuda básica en base a criterios objetivos como, por ejemplo, las condiciones agronómicas.
Lo que es justo y razonable, como ya he apuntado antes, es que dos agricultores que están sujetos a las mismas condiciones, en la misma zona, cobren la misma ayuda por hectárea.
Desde parte del sector andaluz también se critica la intención del Gobierno de reducir el número actual de regiones. ¿Continúa siendo esta la intención del Ministerio en la negociación de la nueva PAC?
La nueva PAC debe ser el resultado de la elaboración de un plan Estratégico por parte de España que, a su vez, debe basarse en el análisis de necesidades realizado desde febrero de 2019 y concluido en otoño pasado. El resultado de este análisis es público y en él han participado las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas. Además, el Plan Estratégico debe recoger las recomendaciones de la Comisión Europea del pasado mes de diciembre, en la que se recuerda la necesidad de eliminar la vinculación a las referencias históricas y se cita expresamente la necesidad de avanzar significativamente en el proceso de convergencia interna.
Teniendo en cuenta esta recomendación y el resultado del análisis de necesidades del Plan Estratégico, España tiene que avanzar en convergencia de manera significativa teniendo en cuenta grupos de territorios o regiones más homogéneos que los 50 actuales. El propósito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es seguir manteniendo una diferenciación regional de la futura ayuda básica a la renta, con un modelo de regiones más sencillo que el actual, pero basado en criterios semejantes.
La recomendación de la UE en la que se apoya el Gobierno
El Ministerio de Agricultura se apoya en las recomendaciones de la Unión Europea publicadas el pasado 18 de diciembre para sostener su postura. En el caso de España, afirma, se trata de 17 prescripciones de las que 16, son consideradas de alta prioridad, ya que figuran en el estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), las comunidades autónomas y el conjunto del sector.
La recomendación relativa a la convergencia, según informa el Ministerio, es esta: “España debe avanzar significativamente en el proceso de convergencia interna y distribuir las ayudas directas a la renta hacia grupos homogéneos de territorios, teniendo en cuenta las condiciones agronómicas, así como las diferencias observadas en función, sobre todo, del tamaño físico y económico de las explotaciones, y eliminando la vinculación a las referencias históricas. Las diferencias de ingresos entre los distintos tamaños de las explotaciones deben abordarse utilizando, por ejemplo, la ayuda redistributiva complementaria a la renta y la reducción de los pagos.”
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