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Facua considera insuficiente e ineficaz la rebaja del IVA en alimentos básicos

La asociación critica la inexistencia de controles y la falta de respuesta a sus denuncias por las subidas de márgenes de beneficios en alimentos con el IVA rebajado

El Gobierno prorrogará las ayudas al transporte público para toda la población

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. / Eduardo Parra / Ep

Facua-Consumidores en Acción ha insistido este miércoles en la necesidad de que el Gobierno intervenga y establezca precios máximos como única medida realmente efectiva para controlar la brutal subida de precios en sectores como el de la alimentación, teniendo en cuenta que la rebaja del IVA se ha mostrado ineficaz.

La asociación critica la inexistencia de controles y la falta de respuesta a sus denuncias por las subidas de márgenes de beneficios en alimentos con el IVA rebajado, prácticas prohibidas por el real decreto-ley que estableció la bajada del impuesto. Las últimas de esas denuncias presentadas por Facua están en manos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023.

El Ejecutivo ha anunciado este miércoles una prórroga de muchas de las medidas que conforman el llamado escudo social. Entre ellas, la rebaja temporal del IVA de los alimentos básicos y de la electricidad -que sube de momento del 5 al 10%- o los descuentos en el transporte público,

En este sentido, aunque Facua valora la prórroga de muchas de las medidas, ya que su finalización supondría castigar aún más la perjudicada economía de las familias, señala la necesidad de una intervención más enérgica por parte del Estado -imposición de precios máximos, una profunda reforma del sistema energético, etc.-.

Así, la asociación incide en que la rebaja del IVA en los alimentos se ha demostrado ineficaz, toda vez que los precios no han parado de subir en el último año, como demuestran los diferentes análisis realizados por la asociación, sumado al inexistente control por parte del Ejecutivo sobre las empresas para evitar que inflen sus márgenes de beneficio en contra de lo que determina la legislación.

Facua se reafirma en que la única medida realmente efectiva de control de precios pasar por la intervención estatal y el establecimientos de precios máximos. Una capacidad que, tal y como ha señalado la asociación en diversas ocasiones, recoge la Ley de Comercio de 1996.

De igual forma, recuerda que una medida como la aprobada actualmente -rebaja del IVA y prohibición de subir precios si no está fundamentado en incrementos de costes de producción- necesita de una labor constante y continuada de inspección por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 20230 -quien tiene las competencias- para detectar e imponer multas contundentes a las empresas infractoras.

Subida del IVA de la electricidad

Por otro lado, FACUA critica que el Gobierno haya decidido poner fin al establecimiento de un IVA del 5% a la electricidad, subiéndolo al 10% a partir de enero y con la puerta abierta a su vuelta al 21% a lo largo de 2024.

Aunque, de nuevo, la rebaja de este impuesto no debe ser la única medida puesta en marcha para combatir los inflados precios de la electricidad, su eliminación sólo supone aumentar considerablemente el recibo de los usuarios, con el consecuente perjuicio para las familias.

Facua insiste en señalar que resulta imprescindible una profunda reforma del mercado eléctrico, mucho más intervencionista, para poner fin a los abusos tarifarios y garantizar precios estables, asequibles y justos.

Medidas entre las que la asociación reclama sacar del sistema marginalista a las energías nuclear e hidráulica -que potencian recibos extraordinariamente inflados-, y, precisamente, el mantenimiento tanto de un IVA bajo como de un impuesto especial de la electricidad muy reducido mientras no se lleve a cabo una reforma integral de las tarifas que las reduzca.

Facua valora el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición para mantener los descuentos, y su gratuidad en muchos casos, del transporte público durante 2024.

Aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de limitarlo a jóvenes y parados, finalmente se prevé que el Ejecutivo extienda esta medida a todo el conjunto de la población.

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