España vive un lunes negro bajo la presión de los mercados
El diferencial cierra en 478 tras rozar durante la sesión los 500 y el Ibex pierde un 2,66%.
Madrid/La presión de los mercados sobre una España en crisis dejó un auténtico lunes negro: la prima de riesgo se disparó, la Bolsa sumó un nuevo batacazo y el Tesoro Público tuvo que pagar más intereses en una subasta de letras a 12 y 18 meses. Todo esto se produjo en una jornada marcada por las dudas sobre Grecia y su futuro en el euro y después de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobase el viernes una nueva reforma financiera con la que obliga a los bancos a nuevas provisiones frente a los créditos del ladrillo, esta vez los teóricamente sanos, ante el temor de que se vuelvan problemáticos con un empeoramiento de la situación económica.
La prima de riesgo española terminó la jornada en 478 puntos básicos, su nivel más alto al cierre de un día desde la implantación del euro, en 1999. Durante la jornada, el también llamado riesgo país -el diferencial entre el bono español a diez años y el alemán- llegó a rozar los 500 puntos, el mayor nivel intradía desde noviembre. La rentabilidad del bono español a 10 años superó el 6,2 por ciento, un umbral que se va acercando al que nivel en el que en su día fueron intervenidas Grecia y Portugal.
El Gobierno echó balones fuera y descartó que sean la reforma financiera aprobada el viernes -la segunda desde su llegada a La Moncloa en diciembre- y la supuesta debilidad de los bancos españoles la causa del drástico aumento del riesgo país. "La escalada de la prima de riesgo, en mi opinión, tiene que ver con Grecia. Eso se produce a pesar de que hemos aprobado una reforma bancaria que dota de mucha más estabilidad al sistema financiero español en cuanto le obliga a aprovisionar en cantidades realmente importantes", manifestó el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en Bruselas. "A pesar de lo que hemos hecho, nos encontramos ante un acontecimiento externo que dificulta la prima", insistió.
Y mientras tanto, la Bolsa española sumó un nuevo día de pérdidas que en los últimos tiempos le impiden consolidarse por encima de los ya de por sí bajos 7.000 puntos. El selectivo Ibex 35, el índice más importante del parqué madrileño, cerró la jornada con una caída del 2,66 por ciento, hasta unos 6.809 puntos que marcaron un nuevo mínimo anual y un nivel que no se registraba desde marzo de 2009. Bajaron todos los grandes valores y los bancos volvieron a lastrar pesadamente el índice. El BBVA perdió un 3,72 por ciento, mientras que el Santander se dejó un 3,04 por ciento. Pero la entidad financiera que más cayó, y por mucho, volvió a ser Bankia, cuya matriz, BFA, nacionalizó el Gobierno la semana pasada. La cuarta entidad financiera española se dejó un 8,93 por ciento, continuando su tendencia en picado de las últimas sesiones en el mercado. El Ibex 35 acumula ya unas pérdidas anuales del 20,51 por ciento.
Entretanto, el Tesoro Público español colocó 2.903 millones de euros en letras a 12 y 18 meses, en una subasta en la que cumplió con sus expectativas pero tuvo que pagar un interés mayor que en las anteriores colocaciones de estos rubros. En concreto adjudicó 2.192 millones en letras a un año, a un interés del 3,09 por ciento, por encima del 2,74 por ciento de la subasta anterior de este tipo. En letras a un año y medio colocó 711 millones a un interés del 3,40 por ciento, frente al 3,20 por ciento pagado en la última puja.
La de este lunes fue la primera subasta de deuda española después de la nacionalización de la matriz de Bankia y de la aprobación el viernes de la segunda reforma financiera en la era de Rajoy, una reforma con la que obliga a los bancos españoles a provisionar 30.000 millones de euros adicionales, según sus cálculos, para hacer frente a los créditos del ladrillo que teóricamente son sanos por ahora. Las cinco grandes entidades (Santader, BBVA, Popular, Bankia y CaixaBank) aportarán más de la mitad de las provisiones comunicadas por los bancos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que se sitúan en unos 22.000 millones de euros, menos de la cifra estimada por el Ejecutivo.
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