España defiende la salud de su banca y descarta el contagio de Dexia
Salgado asegura que los bancos españoles no están expuestos a la deuda griega, pero admite que el problema de la entidad franco-belga afectará a todos los países.
España ha defendido la salud de su banca y descartó el riesgo de contagio por la delicada situación del banco franco-belga Dexia, que se encuentra al borde del rescate después de sufrir rebajas en su calificación y su desplome en bolsa.
La vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, ha afirmado que los bancos españoles no están tan expuestos a la deuda griega como otras entidades europeas: "hay muchos bancos que están sometidos a presión, particularmente los que tienen en sus balances deuda griega, pero no es el caso de bancos españoles".
Salgado admitió que el problema de Dexia "como todo en Europa, tiene efectos en todos los países" y por eso defendió la recapitalización de la banca, aunque recalcó que ese es un proceso que España ya ha llevado a cabo en varias entidades. "Que los bancos tengan más capital es una buena idea, por eso hemos recapitalizado nuestro sistema bancario", indicó el término de un inesperadamente extenso Ecofin en Luxemburgo. "Si hay algunos bancos que puedan estar sufriendo tensiones que son precisamente asociadas a crisis de la deuda, lo que hay que hacer es cortar esa ligazón entre crisis de la deuda y los balances", añadió.
La posible intervención de Dexia causó un verdadero revuelo en las reuniones del Eurogrupo y Ecofin en Luxemburgo porque este banco había sido uno de los que mejor calificación obtuvo en las pruebas de solvencia europeas de julio, lo que refuerza las dudas sobre su credibilidad en un momento en el que no sobra confianza en los mercados.
La exposición a la deuda griega -Dexia atesora 3.462 millones de euros en bonos helenos- fue precisamente lo que precipitó la caída en picado de la entidad que, sólo un mes después de pasar el examen europeo, ya anunció las pérdidas más elevadas de su historia, por unos 4.000 millones de euros. Sólo ocho entidades -cinco españolas, dos griegas y una austríaca- suspendieron las pruebas de resistencia de julio de las 90 que se sometieron a ese examen, aunque se recomendó reforzar su capital a otras 16, siete de ellas españolas, ya que sus ratios de capital superaban por poco el mínimo exigido del 5 % en el peor de los tres escenarios que contemplaban las pruebas para 2012.
La necesidad de recapitalizar la banca por encima de lo anticipado por la evaluación de julio ha sido el fantasma que planeó sobre Europa desde que el Fondo Monetario Internacional dijese que se necesitarían 200.000 millones de euros (una cifra que luego elevó hasta los 300.000 millones) para cubrir el agujero que dejaría una hipotética suspensión de pagos en Grecia. Salgado admitió la debilidad de los "test de estrés" que no llegaron a valorar la deuda soberana que había en los balances y dijo que se trata de una carencia que debería solucionarse en el futuro.
El comisario europeo del Mercado Interior, Michel Barnier, por su parte, afirmó también hoy que la situación actual en los mercados financieros demuestra que "un nivel adecuado de recapitalización es necesario". El comisario recalcó que Europa ha mejorado año tras año las pruebas de resistencia, haciéndolas más duras para la banca, pero admitió que "la situación ha empeorado desde entonces".
Un Consejo de Ministros belga restringido ha celebrado una reunión de urgencia para tratar de atajar la crisis de la entidad bancaria, después de que este país y Francia recalcaran que harán todo lo posible para no dejar caer a la entidad, que ya fue rescatada en 2008 por contagio de las suprime de Estados Unidos.
La reunión de los ministros de Finanzas de los Veintisiete se alargó más de lo esperado debido a las negociaciones sobre la normativa para reforzar la transparencia y vigilancia de los derivados, uno de los productos que dieron forma al germen de la actual crisis. El Ecofin logró adoptar una posición común para regular el mercado de los derivados negociados en mercados no organizados, después de que la Comisión Europea garantizara al Reino Unido que incluirán los títulos que se comercializan en bolsa en futuras legislaciones.
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