EEUU se dispone a desobedecer el dictamen de la OMC sobre los aranceles a la aceituna negra

Este sábado 14 de enero se cumple el plazo para que EEUU cumpla con el dictamen de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la aceituna negra, que falló a favor de la Unión Europea y dictaminó en noviembre de 2021 que los aranceles (en concreto, el 15% impuesto por las presuntas ayudas ilegales al sector) debían ser eliminados.

Pues bien, según informa el director general de la patronal Asemesa, Antonio de Mora, Estados Unidos se dispone a desobedecer el dictamen y a mantener el grueso de las tasas, algo para lo que solo falta la comunicación oficial.

"La OMC dictaminó que esa parte de los aranceles no eran conformes y debían de ser eliminados... Estados Unidos, a través de una ley de comercio de 1930, permite atribuir ayudas al agricultor a la industria y la OMC determinó que eso no era correcto y que se debía modificar", explica De Mora.

Tras la resolución de la OMC, el país norteamericano abrió un procedimiento para ver de qué modo cumplía con el dictamen. Lo concluyó el pasado diciembre y ha terminado determinando que el arancel aplicado es correcto y así lo ha informado a la Unión Europea. Persiste, a través de nuevos análisis, en la idea de que las subvenciones a los productores son atribuibles a las empresas, e insiste en que las ayudas son específicas para el sector aceitunero, si no de derecho sí de hecho, al estar vinculadas a un histórico de producción. Por tanto, interpreta que son ayudas ilegales.

Para De Mora esto último es lo más inquietante, "ya que se mantiene la espada de Damocles de que cualquier otro producto pueda sufrir una acusación igual, de cualquier país del mundo". De hecho, países como Australia, Japón y Brasil están personados como observadores en el procedimiento de la OMC.

En lo único en que EEUU cede, de alguna manera, es en los cálculos referidos a una de las empresas investigadas, Aceitunas del Guadalquivir, lo que rebaja el arancel medio para todas las empresas en cuatro puntos porcentuales, del 15% al 11%.

La bajada es "insignificante", según De Mora, ya que a este arancel hay que sumar el 20% aplicado por presuntas prácticas antidumping y que no es objeto de análisis por parte de la OMC, ya que la UE solo denunció el 15% referido a las ayudas. El arancel definitivo, pues, pasaría del 35% al 31%.

Una vez que EEUU comunique a la UE su decisión, vuelta a empezar. Bruselas, si no está de acuerdo con el procedimiento elegido para cumplir la sentencia, deberá reclamar en la OMC un panel denominado de incumplimiento, que será que el que tome la resolución final en un plazo que se puede alargar meses.

"EEUU había dicho que estaba dispuesto a cumplir, y teníamos esperanza de que se eliminara no solo el 15% sino el total. Pero para eso hacía falta presión política y disposición de EEUU. Y con el cambio de Gobierno allí nada de eso se ha producido", afirma el director de Asemesa, que continúa: "Es una vergüenza que la UE haya sido incapaz de ayudarnos de ninguna forma, ni siquiera económicamente". Bruselas, en un encuentro con cooperativas de sector el pasado lunes, volvió a descartar un apoyo económico, ni siquiera en abogados, y limitó su acción la vía diplomática y política.

Revisión administrativa en marzo

Mientras, en marzo se producirá una nueva revisión administrativa de los aranceles por las ayudas y antidumping, pero esta solo afecta a las firmas que quieren intervenir en el proceso o son requeridas para ello. En la última ocasión, la resolución fue relativamente favorable, ya que se rebajó el arancel a Agro Sevilla, Ángel Camacho, Interoliva, Aceitunas del Guadalquivir y Dcoop al 7,32% de media. Para el resto, se mantiene el 34,75% (o el 31% si se rebaja finalmente cuatro puntos).

Para las beneficiadas esta rebaja tampoco la panacea, porque la desventaja con los competidores sigue siendo grande y porque el coste de participar en este tipo de procesos asciende a un millón de euros por empresa, según De Mora.

La tercera vía para reconducir los aranceles, la judicial, está en punto muerto. Tras la última resolución de un tribunal de comercio desfavorable a los intereses españoles, el sector ha recurrido ante un tribunal federal. Los gastos en abogados ascienden ya a 12 millones de euros, casi todos sufragados por la industria aceitunera.