Durao Barroso plantea crear un impuesto sobre transacciones financieras

La Comisión Europea ha aprobado imponer una tasa a las transacciones financieras en la UE, que generará unos 57.000 millones de euros, pero a cuya introducción se oponen de manera frontal países como el Reino Unido.

El presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, anunció la medida ante el pleno del Parlamento Europeo, donde explicó que la contribución de la banca a la resolución de la crisis es una cuestión de "justicia", sobre todo cuando el sector ha recibido ayudas y garantías de los contribuyentes por valor de 4,6 billones de euros en los últimos tres años.

El nuevo impuesto, que la CE espera poder introducir en 2014 o incluso antes, sería como mínimo del 0,1% para la compraventa de obligaciones y acciones y del 0,01% para los derivados, aunque los Estados miembros podrían aplicar tipos más elevados si lo desean.

Bruselas propone que la medida se aplique a todas las transacciones de instrumentos financieros entre entidades cuando al menos una de ellas esté establecida en la UE y con independencia de si se realizan en mercados organizados o extrabursátiles.

Quedarían exentos del pago del impuesto todas las transacciones en las que intervengan clientes particulares o pymes, así como las operaciones de cambio de divisa al contado y la obtención de capital por empresas o por organismos públicos mediante la emisión de obligaciones y acciones en el mercado primario. Diez países de la UE -Reino Unido, Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia y Rumanía- ya aplican impuestos similares, pero la CE considera una buena idea armonizar la medida en toda la Unión.

Las decisiones sobre fiscalidad requieren en la UE un respaldo por unanimidad de los países miembros, lo que complica la aprobación de medidas, y en este caso los Veintisiete están muy divididos. Reino Unido ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a la medida porque considera que perjudicaría a sus bancos y fuentes gubernamentales indicaron que Londres sólo aceptaría aplicar esta tasa si se impone a "nivel global", algo que parece bastante improbable por el rechazo que genera la idea en EEUU.

Suecia también se muestra reticente y Bélgica, aunque partidaria como Alemania y Francia, propone considerar la idea de que la tasa se aplique sólo a los países del euro, en el caso de que no se pudiera aplicar en toda la UE. Bruselas descarta esta idea porque considera que si se excluyera a los países que ya aplican una tasa similar no se estaría eliminando la desigualdad en la UE y porque la defensa europea de la medida en foros internacionales como el G20 resultaría menos creíble si los Estados miembros se muestran divididos.

El Ejecutivo de la UE recuerda además que los ingresos que genere este impuesto irían a parar a las arcas nacionales y comunitaria, por lo que además de constituir una forma de financiación directa para los presupuestos de los países, rebajaría la contribución de los socios al presupuesto de la Unión. En cuanto a la posibilidad de que los bancos trasladen el coste adicional de ese impuesto a sus clientes, el comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, confió en que la elevada competencia del sector financiero europeo, donde operan 8.800 entidades, lo impida, si bien fuentes comunitarias aclararon que Bruselas no puede hacer nada si eso ocurriese.

El impuesto ha recibido el respaldo de la Confederación Europea de Sindicatos y varias ONG que consideran que permitirá reducir la especulación que estuvo en el origen de la crisis, y ha sido criticado por la Federación Bancaria Europea que teme que perjudique el crecimiento de la UE. Sin embargo, fuentes comunitarias indicaron que, si bien la medida podría tener un impacto del 0,5% en el PIB en dos o tres décadas su efecto en el crecimiento sería bastante reducido.

El BCE también se ha mostrado contrario a la tasa, como se reflejó en su último Informe de Estabilidad Financiera, porque teme su impacto en las condiciones del mercado financiero y su capacidad para la generación de ingresos. La medida será ahora debatida por los países de la UE, que antes de pronunciarse deberán tener en cuenta el dictamen del Parlamento Europeo.