Dimiten el presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes por los trenes que no cabían en los túneles de Cantabria

La polémica por la contratación de los nuevos trenes de ancho métrico para Cantabria y Asturias se ha cobrado este lunes los cargos del presidente de Renfe, Isaías Táboas, y de la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera.

Así lo han confirmado este lunes fuentes del Ministerio, que añaden que sus sustitutos serán nombrados este martes en el Consejo de Ministros y aseguran que, tanto Táboas como Pardo de Vera, han dimitido de sus cargos y que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha aceptado sus renuncias.

Fuentes cercanas a ambos apuntan a que, en realidad, en el caso de Pardo de Vera -que cuando se contrataron los trenes era presidenta de Adif- se trata de un cese, mientras que el presidente de Renfe presentó su dimisión por escrito ante la alarma social generada por un defecto que no fue debidamente gestionado cuando se detectó.

La titular de Transportes ha trasladado a ambos su reconocimiento y agradecimiento por el trabajo desempeñado en sus respectivos cargos, según ha informado hoy el Ministerio, para añadir que el relevo permitirá poner en marcha "un cambio", con el que se quiere comenzar "una nueva etapa", tanto en la Secretaria de Estado como en el operador ferroviario.

Tras el cese de "dos señores que pasaban por allí"

Estas salidas se producen dos semanas después de que el gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, cesara al jefe de Inspección y Tecnología de Vía y de que Renfe hiciera lo mismo con el responsable de Gestión de Material.

El PP, entre otros, criticó aquella decisión, diciendo que se había cesado a "dos señores que pasaban por allí", y reclamó el de Pardo de Vera por ser por entonces presidenta de Adif.

Además, las salidas de hoy se conocen horas antes de que la ministra se reúna esta tarde con los presidentes de Asturias y Cantabria, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla, respectivamente, para explicar cómo está la situación tras los errores en las medidas de los trenes contratados, que provocarán una demora en su fabricación de dos años.

A principios de febrero, se conoció que la fabricación de los 31 trenes de ancho métrico adjudicados por Renfe a CAF en 2020, para renovar la flota que presta servicio de Cercanías y Media Distancia en Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia, se iba a demorar por un problema en su diseño.

Renfe contrató dichos trenes en 2020 con medidas erróneas para los túneles de la red de ancho métrico (antigua Feve) y, una vez detectado el problema, se empezó a buscar soluciones, descartando la aplicación de los gálibos estándar, ya que se construirían trenes con unas dimensiones inferiores a las de los actuales y, por tanto, demasiado pequeños para las prestaciones que se buscaban.

El método comparativo

Finalmente, se optó por el denominado “método comparativo”, recogido en la norma europea EN 15273, que consiste en la utilización como base un tren que actualmente circula por las líneas de ancho métrico como referencia.

Aunque el uso de este método en España ya era compatible con la vigente orden ministerial (OM) de 2015 por la que se aprueba la "Instrucción ferroviaria de gálibos" (IFG), el Ministerio modificó su texto el pasado sábado para incluir de manera explícita la referencia a dicha norma europea.

El método comparativo "permitirá optimizar el diseño y el aprovechamiento de la sección transversal disponible en la red de ancho métrico", de acuerdo con el Ministerio, que ha insistido en que no se ha fabricado ningún tren, puesto que las "incongruencias" se detectaron en las primeras fases del diseño de las nuevas unidades, y que "no se ha malgastado ningún euro de los españoles".

El presidente de Cantabria ha criticado no solo que la adjudicación se hiciera "sin medir los trenes ni los túneles", sino que "durante dos años y pico lo sabían y no han dicho nada"; mientras que el de Asturias ha calificado la situación de "un escándalo que no admite otro calificativo que bochorno y vergüenza".

Ambos dirigentes autonómicos habían pedido a la ministra de Transportes que se depurasen responsabilidades