Detroit, en bancarrota

La justicia estadounidense ha aprobado la bancarrota de Detroit, la mayor quiebra municipal en la historia de EEUU, con un fallo de repercusión nacional que pone fin a medio siglo de protección de las pensiones de los empleados públicos.

El juez Steven Rhodes resolvió que la ciudad de Detroit, otrora símbolo de la industria automovilística, puede encarar un plan de reestructuración de sus deudas por un total de 18.000 millones de dólares (13.200 millones de euros). "Esta ciudad, otrora orgullosa y próspera, no puede pagar sus deudas", dijo el juez. "Es insolvente. Y es elegible para la bancarrota. Ésta es, también, una oportunidad para empezar de nuevo", añadió en su fallo.

Los sindicatos de empleados públicos y los grupos de jubilados habían alegado contra la bancarrota, declarada en julio pasado, que la Constitución de Michigan no permite reducciones en los planes de pensiones. Detroit, devastada económicamente por la Gran Recesión y las transformaciones en la industria automotriz, es la octava ciudad estadounidense que se ha declarado en bancarrota desde 2012, al tiempo que otros municipios contemplan un futuro similar. El juez Rhodes dictaminó que siendo ésta una bancarrota solicitada a un tribunal federal estadounidense, no se aplica la ley de Michigan. En una conferencia de prensa después del fallo, el interventor municipal Kevin Orr exhortó a los sindicatos a que negocien las reformas, aun cuando estos apelarán la decisión del magistrado.

El gobernador republicano de Michigan, Rick Snyder, designó a Orr en marzo para que interviniera el municipio después de más de un año de negociaciones con los gobernantes elegidos de la ciudad para tratar de resolver la crisis financiera. Cuatro meses después, Orr, un abogado especializado en bancarrotas de empresas privadas, presentó la solicitud de protección en la bancarrota para Detroit. El interventor municipal ha dicho que presentará en la primera semana de enero un plan de reestructuración financiera y que espera que los sindicatos colaboren en las conversaciones con el alcalde electo, Mike Duggan. La Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condado y Municipales presentó su notificación de apelación minutos después del fallo, y la abogada sindical Sharon Levine dijo que éste es el primer paso en un trámite que acabará en el Tribunal Supremo de Justicia.

La capital del motor estadounidense lleva en caída libre desde los años noventa, y, tras nefastas gestiones de alcaldes, a lo que se sumó la crisis financiera de 2008, terminó por acabar en suspensión de pagos. La ciudad ha perdido un 60 por ciento de su población desde los años cincuenta, hasta el entorno de los 700.000 habitantes. Tan sólo entre 2000 y 2010 experimentó una salida de una cuarta parte de sus habitantes, con zonas convertidas en barrios fantasmas. Además de la caída de contribuyentes y de ingresos, el desempleo, la salida de negocios y empresas ha provocado que las arcas de la ciudad no puedan ingresar lo suficiente para mantener sus compromisos y los gastos de servicios públicos.

El dictamen judicial afecta especialmente a los fondos de pensión municipales cuyos recursos son vitales para los 22.000 funcionarios públicos jubilados y los 10.000 empleados activos de la ciudad. Aunque el juez Rhodes dictaminó que las pensiones pueden reducirse en una bancarrota federal, advirtió de que probablemente no aprobará un plan de reorganización que incluya cortes demasiado drásticos.De hecho el juez otorgó a los acreedores y a los 48 sindicatos municipales una pequeña victoria cuando, en su dictamen de 140 páginas, consideró que los representantes de la ciudad no negociaron con ellos "de buena fe". Pero, añadió, teniendo en cuenta que la ciudad tiene más de 100.000 acreedores individuales, las negociaciones sobre concesiones "resultan impracticables".