Detenidas 13 personas por un sobrecoste de 82 millones en obras del AVE

La Guardia Civil ha detenido este martes 13 ex cargos de ADIF, directores de obra y responsables de empresas contratistas de la línea del AVE acusados de integrar una trama que presuntamente infló facturas en la construcción de la estación en La Sagrera, hasta generar un sobrecoste de 82 millones de euros. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, siete de los detenidos pasarán a disposición de la titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, que dirige la investigación, y los seis restantes quedarán en libertad a la espera de ser citados por la juez.

Fuentes cercanas al caso han informado de que la operación, que se ha iniciado hacia las 7:00, ha comportado 15 registros en las sedes de ADIF en La Sagrera (Barcelona) y en la estación de Francia de Barcelona, así como en las oficinas de las UTE encargadas de las obras sospechosas y domicilios y despachos profesionales de los investigados en Barcelona y en Madrid. La investigación, dirigida por el juzgado de instrucción número 26 de Barcelona a raíz de una querella del fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled, parte de dos auditorías -una interna y otra externa- que ADIF llevó al ministerio público en 2014, tras detectar dobles mediciones en el volumen de tres obras vinculadas a la estación del AVE en La Sagrera.

El gestor de infraestructuras denunció a la Fiscalía que las constructoras habían presentado reiteradamente certificaciones de obra con unos importes muy superiores a los trabajos realizados en la construcción de la plataforma del AVE en el tramo entre La Sagrera y el Nudo de la Trinidad, así como de la estructura y los accesos a la estación de La Sagrera. Precisamente, la construcción de la estación, una de las principales inversiones en infraestructuras en Barcelona y que está previsto inaugurar en 2020, fue paralizada por ADIF a raíz de su investigación, sin que todavía se hayan reanudado. La juez atribuye a los presuntos miembros de la trama corrupta los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación e investiga si los responsables de validar las obras infladas recibieron sobornos a cambio de permitir los sobrecostes, por lo que se les podría acusar también de un delito de cohecho.

Por este motivo, la magistrada ha ordenado a la Guardia Civil que en los registros practicados hoy busque dinero en efectivo, así como pruebas de regalos o viajes pagados por la supuesta trama corrupta para que se les permitiera facturar por trabajos no realizados. Entre los detenidos figuran Jaime G.G., ex director de Obras de ADIF, y Rafael R., ex director de alta velocidad de la zona noroeste del AVE, que ya fueron arrestados en mayo de 2014 en otra operación similar dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona.En esa operación de 2014, que motivó la destitución de ambos cargos como responsables de las obras del AVE, fueron detenidas una decena de personas -entre ellas también empresarios- acusados igualmente de alterar las mediciones técnicas para causar sobrecostes en los trabajos ejecutados en una parte del tramo de la línea de alta velocidad entre La Sagrera y el Nudo de la Trinitat.

El Ministerio de Fomento adjudicó en 2010 las obras de construcción de las estructura de la estación de La Sagrera a una UTE integrada por la empresas Dragados, Acciona, Comsa y Acsa, por 365 millones de euros, y los accesos a la misma a una UTE conformada por Rubau, Copisa, FCC y Ferrovial por otros 222 millones. La otra obra bajo sospecha fue adjudicada en 2008 a una UTE integrada por Acciona y Copisa, con un presupuesto de 177 millones de euros, para construir la plataforma del AVE en el sector de Sant Andreu, entre La Sagrera y el Nudo de la Trinidad. Los retrasos en la construcción de la estación del AVE en La Sagrera han sido objeto de reiteradas críticas por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que supieron de la denuncia presentada por ADIF el pasado 7 de junio, en el consejo de administración de las obras, que llevaba tres años sin reunirse.

Precisamente, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado hoy que, una vez tenga toda la información relativa a la investigación judicial, evaluará si ejerce acciones legales en la causa abierta y ha exigido que se convoque de forma urgente a las administraciones implicadas en el proyecto para analizar las consecuencias que pueda acarrear la operación de hoy. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, anunció el pasado 7 de junio que las obras de la estación se reanudarían lo antes posible, aunque todavía se están ultimando los trámites burocráticos necesarios para volverlas a poner en marcha.