Defensa abre expediente a Santa Bárbara por el retraso del nuevo blindado

La Administración del Estado ha abierto un expediente sancionador a la UTE formada por Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics y con fábrica en Alcalá de Guadaíra), Indra y la vasca Sapa por el retraso en la ejecución de los prototipos del vehículo de combate sobre ruedas VCR 8x8, que debe sustituir a toda la flota del Ejército de Tierra. Se trata de una antigua demanda del mando militar, que considera que el equipamiento actual se ha quedado obsoleto.

Según una información adelantada por el diario digital 'La Información' y confirmada por este periódico, el expediente “determinará la procedencia o no de las penalidades a la UTE y su cuantía”. Es decir, que Santa Bárbara y las otras dos empresas se exponen a una multa millonaria que, según el pliego del contrato, ascendería a 10.000 euros por cada día de retraso.

El programa en marcha consiste en lo que el Ministerio de Defensa llama Fase de Reducción de Riesgos, es decir, en el desarrollo de sistemas de I+D, tanto en seguridad, como en conciencia situacional (visión panorámica), integración de elementos electrónicos o de un grupo motopropulsor, entre otras cosas. Se firmó el 4 de diciembre de 2015 y ha sido sometido a dos revisiones contractuales, según consta en un documento público del Ministerio de Defensa. En 2017, ante el retraso acumulado en la fase inicial del proyecto, se adoptó un calendario extendido y se determinó como fecha final el 2 de noviembre de 2018.

La UTE, ante las dificultades para cumplir, solicitó una prórroga hasta el 30 de abril de 2019 y posteriormente otra más hasta el 10 de julio de este año. A día de hoy no consta que se hayan entregado los prototipos, ni han sido probados por la Brigada Experimental de la Legión de Almería, algo que estaba previsto para este mismo verano.

El Gobierno está intentando acelerar el proceso poniendo en marcha la segunda fase. En julio autorizó la compra de 385 unidades por 2.100 millones de euros, primera fase de la adquisición de unas 1.000 hasta 2030 por un total de 3.836 millones. Esta compra aún no está adjudicada. Defensa explica que “se encuentra en fase de licitación, y concretamente en periodo de recepción de documentación”. Todo apunta que, por su 'know how', la fábrica de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaíra será la adjudicataria para el ensamblaje, dentro de un programa que generará 650 puestos de trabajo directos y 1.000 indirectos.

Pero los problemas esa primera fase de I+D, en los que está involucrado la propia Santa Bárbara Sistemas, pueden como mínimo retrasar el inicio de los trabajos en serie, que deben esperar a que se terminen los prototipos. Según 'La Información', la adjudicación final ya se demorará de diciembre a mayo, como mínimo.