Corporacion Tecnológica de Andalucía y el Sistema de Innovación Andaluz

Manuel Acosta Seró

Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) es una fundación privada promovida por la Junta de Andalucía para servir de puente entre las necesidades productivas de las empresas andaluzas y la capacidad científica y tecnológica regional. Es uno de los instrumentos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para revertir la escasa tradición innovadora de nuestra región y hacer que la universidad colabore activamente con el tejido productivo.

En 2012 la CTA aprobó 46 proyectos, liderados por 59 empresas, en los que la inversión privada superó los 40 millones de euros; en su desarrollo participaron 67 investigadores de 54 grupos de investigación andaluces. Desde sus inicios en 2005 son ya 277 los grupos y 248 las empresas que han intervenido en proyectos claramente enfocados al desarrollo tecnológico y a la innovación. Se trata de cifras reseñables por cuanto la colaboración tiene un objetivo de rentabilidad y permite vínculos entre empresas y grupos de investigación que perduran en el tiempo.

Entre los proyectos en ejecución a lo largo de 2012 podrían mencionarse Nanocycleox y Sismomed, por poner tan solo dos ejemplos. Nanocycleox, liderado por la empresa sevillana Cyclus ID, busca el desarrollo de un sistema de depuración de aguas altamente contaminadas que no podrían ser tratadas mediante tecnologías tradicionales como las físico-químicas o biológicas; en el proyecto han participado la Universidad de Sevilla y la Universidad de Barcelona. Sismomed, liderado por la empresa almeriense Decisiones Geoconstructivas (DG) en colaboración con dos grupos de la Universidad de Granada y uno de la Universidad de Almería, pretende crear un software para optimizar la resistencia frente a terremotos de edificios y obras civiles; en la aplicación se cruzarán datos de la acción sísmica de la zona, movimientos concretos del terreno y la respuesta de las estructuras con el fin de conseguir la máxima resistencia ante seísmos, reduciendo casi a cero el riesgo de una catástrofe de este tipo. Además, promovidos por la CTA, se han puesto en marcha proyectos como el PatenCTA, que pretende contribuir a la comercialización de las patentes universitarias andaluzas.

La labor de la CTA es importante y útil. Pone en contacto a grupos de investigación y empresas, trasladando a la sociedad y convirtiendo en valor lo que el sistema universitario y científico andaluz genera. Es más, se trata de una iniciativa que otras comunidades autónomas ven como modelo de éxito.

Cabría preguntarse a continuación si sólo con la Corporación rentabilizamos ya los recursos destinados a las universidades públicas andaluzas. La respuesta es claramente negativa; queda mucho por hacer. Andalucía realiza un esfuerzo total en I+D+i ligeramente inferior a la media nacional, pero ese esfuerzo se reparte de forma muy desigual entre el sector privado y la universidad. Mientras el esfuerzo en I+D+i empresarial es inferior a la media del país, el esfuerzo en I+D+i universitario es muy superior no sólo al promedio español, sino también al de regiones como Madrid o Cataluña.

Dos cifras para demostrar que Andalucía presenta unos excelentes indicadores de investigación pero unos pésimos indicadores de desarrollo tecnológico e innovación. Si atendemos a las 211 regiones de los 15 países de la Unión Europea que forman la UE-15 y medimos su actividad durante varios años en el campo de la ciencia y tecnologías agroalimentarias, un sector de particular importancia en nuestra tierra, observaremos que Andalucía ocupa el puesto 33 de 211 en artículos científicos por habitante; sin embargo, en patentes agroalimentarias de calidad por habitante (registros con la triple protección europea, japonesa y norteamericana) presentadas por empresas privadas, nuestra región ocupa el puesto 159 de 211.

Aunque huelga decir que la responsabilidad de la innovación empresarial recae exclusivamente en las empresas, Andalucía debe movilizar los recursos que invierte en su sistema universitario y conseguir que el esfuerzo científico se traslade también al ámbito productivo. La dimensión de la universidad andaluza hace que iniciativas como las de la CTA deben complementarse con medidas mucho más drásticas y de amplio espectro. Se hace necesario modificar el sistema de incentivos al profesorado universitario enfocándolo claramente a este propósito. Actualmente, los incentivos universitarios son casi lineales y no priman ni la productividad ni la transferencia de conocimiento. No hay prácticamente diferencia entre el sueldo de un profesor que, además de dar sus clases, asiste a congresos, publica en revistas internacionales de prestigio, participa en proyectos o colabora con empresas, y el de otro profesor que únicamente da sus clases. Es responsabilidad de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España cambiar radicalmente el enfoque del sistema universitario para conseguir obtener el máximo provecho de su potencial científico y tecnológico.

No sabemos si se acometerán las reformas necesarias en 2013, pero sí sabemos que asistiremos a nuevas restricciones presupuestarias y a más recortes en fondos de I+D+i. Sólo cabe esperar que las actividades menos afectadas sean las que mantienen una relación directa con el tejido productivo y la creación de empleo.