Consumo investiga a las plataformas por publicitar pisos turísticos ilegales

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha requerido información a las plataformas online de viviendas turísticas que operan en toda España para determinar si sus propietarios, ya sean empresas o particulares, se anuncian de forma ilegal.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha decidido iniciar este procedimiento después de tener conocimiento de que un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin la licencia perceptiva para ello.

"Lo que se está viendo en esta investigación previa es la actividad que se genera en el seno de las propias plataformas, no su actividad", ha señalado el director general de Consumo, Daniel Arribas.

Las plataformas, como intermediarias, permiten que se aloje determinada información en su seno, y es sobre los responsables de esa información (los propietarios o las empresas que llevan a cabo esta actividad comercial) sobre los que se centra esta investigación en estos momentos, ha añadido.

Lo que ocurre es que, para obtener los datos necesarios para corroborar estas prácticas desleales, Consumo tiene que hacer requerimientos a las principales plataformas que operan en este sector, cuyo nombre no ha precisado el director general, ya que son quienes alojan esa información.

Si de esta investigación preliminar se determinase que hay indicios de incumplimientos se abriría un expediente, que se tendría que tramitar en nueve meses, y podría terminar en una sanción de hasta 100.000 euros.

Esta cantidad, no obstante, podría ser superior y ascender a entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, dependiendo del volumen de infracciones.

La sanción, además de ser pecuniaria, podría llevar de forma complementaria la prohibición de seguir realizando este tipo de actividad.

Pero la cuestión es si el Ministerio se plantea actuar más allá de lo que es esta investigación y apunta a las viviendas turísticas que operan de forma no legal y que se publicitan. Arribas avanza que se "están valorando las sanciones que se pueden llevar a cabo" respecto de los pisos que no cumplan con la normativa y se publicitan.

Desde la Dirección de Consumo se han enviado requerimientos de información a las plataformas, porque, como también ha dicho la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, han tenido constancia oficial de "incumplimientos muy altos dentro del parque de alquiler turístico", que en algunas ciudades podría llegar a más del 90%.

Y si esos alojamientos son ilegales, su publicidad también lo sería y eso es competencia de Consumo "el perseguirla, inspeccionarla y, en su caso, sancionarla", ha dicho Medialdea.