Rogelio Velasco
Dos siglos de financiación autonómica
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó ayer que dispone de un plan alternativo ante la posibilidad de la paralización de las obras por parte del consorcio que construye el tercer juego de esclusas. Y es que éste, liderado por la española Sacyr, ha apelado a una cláusula del contrato para anunciar esta semana que abandonará los trabajos de ampliación a partir del 20 de enero si la ACP no procede al pago de unos "sobrecostes" cifrados en más 1.600 millones de dólares.
El administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, reconoció que ha solicitado una reunión con representantes de la empresa afianzadora Zurich América para conocer cómo procedería si el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) se retira del proyecto. El GUPC está integrado por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana (CUSA).
Quijano aclaró que frente a un desenlace extremo, la ACP tiene la facultad de asumir el proyecto de ampliación del canal y contratar a una compañía administradora del proyecto del tercer juego de esclusas con el objetivo de garantizar el tránsito de los grandes buques.
Asimismo, la ACP denunció que el consorcio ha "reducido" el ritmo de trabajo en la construcción del tercer juego de esclusas. Un portavoz indicó que "es visible" que desde que el pasado 30 de diciembre, cuando GUPC presentó la carta de "aviso de suspensión", el ritmo de trabajo "se ha reducido", aunque dijo no tener un cálculo preciso de esta disminución. Por otro lado, subrayó que el GUPC ha invocado una cláusula de suspensión que se "aplica cuando tú no le estás pagando a alguien un trabajo, lo cual no es el caso, porque ya han recibido más de 2.000 millones de dólares" del contrato original, por 3.118 millones de dólares, suscrito en 2009.
El GUPC presentó la oferta más baja (3.200 millones de dólares) en una licitación internacional, por debajo del precio base, lo que sorprendió entonces a los competidores y analistas, y generó dudas en materia de riesgos financieros.
Tras el inicio de los complejos trabajos de ampliación, el consorcio enfrentó una serie de dificultades, entre ellas huelgas, despido de empleados, accidentes fatales, así como órdenes de remover capas de materiales que no pasaron los controles técnicos y de calidad de la ACP.
A los problemas del GUPC se ha sumado la falta de pago a los subcontratistas, incluida la compañía que realiza el montaje de las compuertas de las esclusas en Italia, lo que repercutirá en las obras, que deberían estar concluidas en junio de 2015.
Por su parte, el GUPC afirmó ayer que es "la solución, no el problema", y que sus reclamos millonarios son justos y apegados a la realidad del proyecto. Paolo Moder, miembro de la Junta Directiva de GUPC, denunció el "doble discurso" de la Autoridad del Canal , y negó que busque "negociar fuera del contrato" unos "sobrecostes" que ha cifrado en más 1.600 millones de dólares. Sin embargo, el administrador de la ACP, Jorge Quijano, contestó que ésa es una medida de "presión" para obligarlo a negociar "fuera del contrato" los supuestos sobrecostes que, además según el alto funcionario panameño, no están justificados debidamente.
La ministra de Fomento de España, Ana Pastor, realizará a partir de mañana una gestión de mediación en este conflicto, que amenaza con paralizar las obras de ampliación del Canal.
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