Cabify recula y vuelve a Barcelona

La plataforma española de movilidad Cabify, presente en 12 países y con más de 25 millones de descargas en su app, ha anunciado que mañana regresará a Barcelona, después de que anunciara su marcha de esta ciudad el pasado 1 de febrero ante la obligatoriedad para el usuario de precontratar un vehículo de transporte con conductor (VTC) con un tiempo mínimo de 15 minutos.

Según informa Cabify, la empresa "ha adaptado su modelo de negocio a los nuevos requisitos introducidos por la normativa sobre el sector VTC aprobada por la Generalitat, asumiendo para ello una serie de costes que no tiene el deber jurídico de soportar". La empresa explica que la nueva normativa supuso la "expulsión de las empresas de VTC de la Ciudad Condal" y, en consecuencia, "obligó a Cabify a paralizar su servicio".

Ahora, tras un paréntesis de algo más de un mes, Cabify vuelve a operar en Barcelona prestando ella misma el servicio de VTC. De inicio, trabajará con una flota cercana a 300 coches, "lo que puede dar lugar a alguna demora superior a lo deseable en horas de alta demanda", dice la empresa. En todo caso, "redobla su compromiso con mantener un alto estándar de servicio e ir agregando nuevos operadores de VTC".

Esta decisión no implica la conformidad de la compañía con la nueva normativa de la Generalitat, que sigue considerando desproporcionada y contraria a derecho, pero responde al compromiso de Cabify "con la ciudad, sus usuarios, sus empleados, colaboradores conductores y con toda su red de empresas asociadas".

Según Cabify, la nueva apuesta supone el afianzamiento de miles de empleos y, en definitiva, "el rescate de un sector que, durante los últimos años, además de contribuir a mejorar la movilidad en la ciudad, ha ofrecido a Cataluña crecimiento económico y brindado a miles de catalanes oportunidades de desarrollo".

"Lamentamos que el Govern y el Ayuntamiento hayan optado por restringir las opciones de movilidad de los usuarios y el derecho a la libertad de empresa de Cabify a través de una normativa cuya inconstitucionalidad ha sido denunciada por la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) y por el Consell de Garanties Estatutaries de la propia Generalitat", concluye.