Las CCAA que quieran dinero del Fondo de Liquidez deberán reducir su sector público

Madrid/Las comunidades autónomas que quieran acceder al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) deberán comprometerse a reducir su sector público, eliminar cargas administrativas y barreras al mercado interior y abordar nuevas reformas estructurales para racionalizar el gasto público e incrementar la competitividad. Así figura en la documentación enviada este lunes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a los Gobiernos autonómicos con una propuesta de acuerdo para quienes quieran acceder a este fondo, dotado con 18.000 millones y que se otorgará mediante un préstamo bilateral con cada comunidad. El plazo para presentar la solicitud se extiende hasta el 31 de diciembre, aunque se espera que a principios de octubre se suscriban los primeros acuerdos de concesión. El marco general para este fondo es la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que esta semana aprobará el Senado.

Según el texto, cada acuerdo con Hacienda conllevará un programa de aplicación del FLA, suscrito por cada Gobierno regional con las condiciones concretas que debe afrontar: requisitos de información pública, condiciones fiscales y financieras, finalidad del importe recibido, seguimiento y control del programa. Según las instrucciones enviadas por Hacienda, el Fondo se destinará "obligatoriamente" a tres fines. El primero, pagar los vencimientos de deuda pública; el segundo, saldar deuda comercial en sanidad, conciertos educativos y con las universidades. Y el tercer fin del FLA, cubiertos los dos objetivos previos, es que las CCAA paguen transferencias o subvenciones a las entidades locales y las universidades que tuvieran pendientes.

De esta manera, Hacienda atenderá la ayuda solicitada por la Generalitat valenciana a finales de agosto. El Gobierno de Alberto Fabra anunció que necesitaba 3.500 millones de euros para cubrir los vencimientos de su deuda pública, pero otros mil millones más para pagar facturas pendientes. Cuando lanzó la petición, se desconocía si se podrían cargar al FLA otros conceptos diferentes a la deuda pública, razón por la que la Generalitat dejó en manos de Hacienda decidir de dónde puede salir el dinero. Para todo ello, las autonomías acordarán con Hacienda la actualización de los planes de ajuste que ya elaboraron para acogerse al Plan de Pago a Proveedores de la pasada primavera. Entonces, 14 autonomías solicitaron 17.000 millones para saldar deudas con empresas y autónomos, pero se mantiene una deuda comercial pendiente que se quiere saldar de esta manera.

Además, los Gobiernos regionales deberán asumir nuevos niveles de transparencia, mediante la remisión periódica de la situación económico-financiera, presupuestaria, de tesorería y endeudamiento de cada uno de ellos. El objetivo de este intenso envío de información al Gobierno y los controles periódicos es asegurar que se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Los 18.000 millones de este nuevo fondo de ayuda autonómica serán distribuidos por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en función de las solicitudes presentadas y las necesidades financieras de cada cual. Una vez enviada la solicitud, Hacienda deberá aceptarla expresamente y los gobiernos regionales tendrán después que aprobar la adhesión al FLA. Por el momento, las comunidades que han anunciado su intención de pedir dinero de este fondo son Cataluña (5.023 millones de euros), Murcia (700 millones) y la Comunidad Valenciana (4.500 millones), aunque otras lo decidirán cuando conozcan las condiciones.

Desde el Gobierno siempre se ha sostenido que la cantidad con la que se ha dotado el Fondo es suficiente. El primer cálculo se hizo sumando los vencimientos de deuda autonómica hasta diciembre; ahora, el Gobierno permite ampliar los usos que se le podrá dar al dinero. La dotación del Fondo tiene una triple procedencia. Por un lado, 8.000 millones de euros a través de un crédito sindicado suscrito por las principales entidades financieras del país; un préstamo de Loterías del Estado por 6.000 millones de euros y un desembolso del Tesoro por los 4.000 millones restantes.