Bruselas vuelve a la disciplina fiscal: pide a los gobiernos planes de ajuste de déficit y deuda

La barra libre de la política fiscal en Europa llega a su fin, tras tres años de suspensión de las reglas desde que se declaró la pandemia de Covid-19, y la UE volverá a reclamar disciplina a los Veintisiete estados miembros.

La Comisión Europea pidió este miércoles a los gobiernos europeos que preparen ya sus estrategias para reducir el déficit y la deuda, en las que ya se aplicarán las reglas fiscales tras pasar tres años suspendidas, de forma que consigan que el desvío de las cuentas públicas se sitúe por debajo del 3% como tarde en 2026 y la deuda siga una senda descendente.

Los Veintisiete están todavía perfilando el diseño del futuro Pacto de Estabilidad, pero el próximo ejercicio estará marcado por la vuelta de los límites del 3% del PIB para el déficit público y del 60% del PIB en el caso de la deuda.

En este contexto, Bruselas reclama a los países que elaboren ya sus trayectorias de ajuste y que las incluyan en los Planes de Estabilidad que tienen que enviar a las autoridades comunitarias antes de que acabe abril.

"Se invita a los Estados miembros con deuda sustancial o moderada a establecer objetivos fiscales que garanticen una reducción de deuda plausible y continua o que la mantengan en niveles prudentes a medio plazo", dice el texto presentado por el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

De hecho, las trayectorias fiscales de los países tienen que garantizar que su déficit público "no excede el 3% del PIB o se reduce por debajo" de este umbral "dentro del periodo cubierto" por dichos Planes de Estabilidad, es decir, como muy tarde en 2026.

Abrirá expedientes desde 2024

En esta línea, el Ejecutivo comunitario tiene previsto retomar la apertura de expedientes por déficit excesivo en la primavera del próximo año a todos aquellos Estados miembros con un déficit y una deuda públicos superior, independientemente de las negociaciones para reformar las reglas fiscales.

El Gobierno, según sus últimos cálculos, prevé que el déficit público no se sitúe ya por debajo de este límite del 3% hasta 2025, año en que la deuda habrá descendido aproximadamente al entorno del 110% del PIB.

El vicepresidente Dombrovskis, sin embargo, prefirió no "prejuzgar" en la rueda de prensa a qué países se abrirán dichos procedimientos e instó a esperar a la primavera del año que viene, cuando se tendrán los datos de cierre de este ejercicio sobre los que se basará la decisión.

De esta forma, y en línea con el principal elemento de la reforma de las reglas que está sobre la mesa de las capitales, serán los Estados miembros los que propongan su propia senda fiscal, que después será evaluada por la Comisión Europea sobre la base de unas "orientaciones fiscales específicas" y cuantitativas que presentará en mayo.

El indicador que las autoridades comunitarias utilizarán en dichas orientaciones fiscales nacionales será el nivel de gasto primario neto, en línea con el consenso que parece surgir entre las capitales sobre la reforma del Pacto de Estabilidad.

El italiano Gentiloni explicó además que los requisitos a los Estados miembros estarán "diferenciados" en función de los "retos" para la sostenibilidad de la deuda que afronte cada uno, en línea con las orientaciones de Bruselas para la reforma pero manteniendo al mismo tiempo la "coherencia" con el marco todavía vigente.

"Es un delicado ejercicio de equilibrio, y es necesario porque es importante avanzar ya ahora hacia un marco sólido y creíble", dijo, añadiendo a renglón seguido que esto es una "fase transitoria" que "no puede durar muchos años" y la UE tiene que trabajar "rápido" para acordar las nuevas reglas "tan pronto como sea posible".

Por otro lado, el documento de la Comisión también insta a los gobiernos a seguir reduciendo las medidas energéticas que han desplegado en los últimos meses si los precios mayoristas siguen "estables" y solo reactivar medidas orientadas a los hogares y las empresas más vulnerables si suben de nuevo, para evitar una carga excesiva sobre el gasto público.