Bruselas niega el fracaso del rescate portugués pero exige que se aclaren pronto las nuevas medidas anunciadas

Bruselas/La CE confió en que el Gobierno de Portugal presente "rápidamente" las medidas alternativas que pretende adoptar para cumplir los objetivos fiscales acordados con la troika tras el fallo del Tribunal Constitucional, pero negó que ése sea un indicio de un posible fracaso del programa. "Confiamos en que ocurra rápidamente" la presentación de las medidas alternativas, señaló el portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor, en la rueda de prensa diaria.

Agregó que la troika, integrada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), tendrán que revisar esas medidas para darles su visto bueno, como parte de la misión para la revisión del programa. "No comparto ese análisis de la situación de Portugal", respondió el portavoz al ser preguntado si la situación por la que ahora atraviesa Portugal puede considerarse un fracaso del programa de asistencia financiera, que se espera esté concluido en la primera parte del próximo año.

El portavoz señaló que "la confianza de los inversores en Portugal ha crecido y los economistas señalan que está recuperando acceso a los mercados". O'Connor señaló también que 'una precondición' para la decisión sobre la prolongación del plazo de devolución de los préstamos, "es la implementación continuada y determinada del programa".

El próximo desembolso de la ayuda europea a Portugal depende de la séptima revisión del programa de la troika, que podría estar concluido en mayo. La misma fuente indicó que "obviamente también (depende) de la clarificación de la situación del presupuesto de 2013". El Tribunal Constitucional luso decidió anular la supresión de una paga extra a funcionarios y pensionistas y los cortes en el subsidio por desempleo y enfermedad -ambas medidas incluidas en los Presupuestos de este año-, lo que ha llevado al Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho a plantear la aplicación de nuevos ajustes.

El Gobierno luso muy crítico con el fallo del Tribunal, que ya en 2012 también había declarado ilegales varias de sus medidas de austeridad, y advirtió de que la sentencia pone incluso "en riesgo" al país, bajo el auxilio financiero de la Unión Europea (UE) y el FMI desde hace dos años.