Blesa y Rato habrían "propiciado y consentido" el uso de las tarjetas opacas

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu cree que los expresidentes de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa habrían "consentido, aceptado y propiciado" el uso indebido de fondos de la entidad mediante la atribución y uso en provecho propio de tarjetas opacas, que entregaron además a consejeros y directivos sin haber controlado la justificación de los gastos ni existir un sustento contractual para ello.

El magistrado se pronuncia así en el auto dictado este jueves en el que acusa a los banqueros de la comisión de un delito de administración desleal y les impone el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil de 16 millones de euros para Blesa y tres millones para Rato. El instructor asegura que ambos presidentes utilizaron "en provecho propio" las tarjetas y las entregaron a miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, consejeros ejecutivos y directivos. Una práctica que conllevó a que 86 personas percibieran bajo sus respectivas presidencias cantidades "en concepto distinto del retributivo, no justificadas ni contractual ni funcionalmente, sin que existiera precepto estatutario o reglamentario, disposición contractual o acuerdo alguno formalizado" al respecto. Tampoco existen órdenes o decisiones por parte de directivos ni documentación alguna que justifiquen "la existencia, la entrega y la operativa de dichas tarjetas", ni elementos que demuestren que los dos máximos mandatarios de la caja realizaran algún control o supervisión de los gastos que generaron.

Con todo ello, el magistrado sostiene que incumplieron la Ley de Cajas de 2003, que establece que en el ejercicio de las funciones de los miembros de sus órganos de gobierno "no se podrán originar otras percepciones distintas de las asistencias e indemnizaciones". Entendiendo como indemnización "la compensación por los gastos originados como consecuencia de la participación efectiva en dichos órganos, previa la correspondiente justificación documental". Dichas pautas, explica, se mantuvieron en la nueva redacción de la ley en enero de 2011, pero fueron "incumplidas mediante la emisión y uso de tan mencionadas tarjetas". Puesto que la apertura de juicio oral "no se encuentra en absoluto cercana", y ante "el temor a la inoperancia final" de un procedimiento "de tal dimensión", el juez aprecia una "necesidad real" de adoptar esta medida para asegurar las responsabilidades civiles "sobre las que recaen las sospechas que van aflorando" según avanza en su investigación.

El juez impuso estas cantidades de forma proporcional a lo gastado bajo el mandato de cada uno, que en el caso de Blesa fue de 12.664.600 euros, y en el de su sucesor de 2.585.700, a las que sumó el 25 % que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y lo hizo a pesar de que Blesa alegó que se trataba de un sistema retributivo que se implantó desde 1988, antes de su llegada a la entidad, y que Rato justificara que estaba sujeto a retención fiscal y formaba parte de su sueldo. Los ex banqueros, que pueden recurrir los autos, disponen hasta el próximo miércoles para hacer efectivas sus fianzas, o de lo contrario se les embargará sus bienes.

El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un informe y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario de administración desleal y apropiación indebida. El juez Fernando Andreu, que asumió estos hechos al instruir el caso Bankia, preguntó al Banco de España si conocía la existencia de estas tarjetas y le pidió que, en el marco del informe pericial que está realizando sobre las prácticas en la entidad, analice si su uso puede constituir un delito de administración desleal.Blesa y Rato recurrirán sus fianzas Miguel Blesa y Rodrigo Rato recurrirán la decisión del juez de imponerles una fianza de 16 millones y 3 millones, respectivamente, por los gastos cargados a la entidad en tarjetas opacas, han informado fuentes jurídicas. No obstante, sus recursos, que se esperan previsiblemente la próxima semana, no paralizarán la orden de embargo que dictará el juez si no entregan esas cantidades antes del próximo miércoles, que pueden hacerlo tanto mediante transferencia o cheque o aportando cualquier tipo de bienes o avales bancarios.

Las fuentes consultadas aseguran que ambos ex banqueros están preparando tanto sus escritos con sus abogados, en los que alegarán que se tratan de cuantías "desproporcionadas" y "extemporáneas", como la forma en que pueden hacer frente a sus fianzas. En el caso de que decidieran afrontar las cuantías aportando bienes, el Juzgado contrastará mediante un peritaje independiente si son suficientes para cubrir las cantidades.

Por el contrario, si no lograran reunir las sumas, se iniciará el proceso de embargo con una averiguación patrimonial de los imputados, en la que el juez pedirá a los registros de bienes inmuebles, mercantil y de la propiedad, así como a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria todos los bienes de los que disponen. Con el listado completo, librará un oficio de embargo y se comenzará por aquello que más facilidad de cobro presente, como una cuenta bancaria, acciones u otros títulos financieros, para dar paso después al patrimonio inmueble o sueldos, salarios y pensiones. Además, en el caso de que tuviera que embargar propiedades como pisos, emitirá una nota simple al registro para comprobar que no pesa ninguna carga sobre él.