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El ministro de Fomento, José Blanco, ha dicho que la "inmensa mayoría" de los controladores que generaron el caos en los aeropuertos españoles "obedeció indicaciones" de una "cúpula", a la que hay que identificar, porque son los responsables de la situación. Por otro lado, la Fiscalía, por la vía penal, investigará "caso por caso" a unos 500 controladores, una cifra similar al número de expedientes disciplinarios abiertos por AENA, que también estudiará cada situación particular para determinar si ha habido alguna falta y, en su caso, establecer la gravedad de la sanción.
En una entrevista en Onda Cero, Blanco se ha comprometido a depurar responsabilidades en el asunto del caos aéreo, aunque advierte de que "no se pueden tomar decisiones generalizadas" sobre las responsabilidades de los controladores, ya que la "medida salvaje" de paralizar el espacio aéreo "fue tomada sólo por 500 de los 1.400 controladores" que hay en España.
A juicio de Blanco, "la inmensa mayoría obedeció indicaciones". "Hay que saber quién ha dado las indicaciones y, desde luego, quien faltó a su puesto tiene más responsabilidades que aquel que no trabajó pero no abandonó su puesto de trabajo", ha puntualizado.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y Blanco, han hablado sobre la huelga en la celebración en el Congreso del aniversario de la Constitución. Caamaño ha explicado que están abiertas la vía penal y la administrativa, con sanciones que van desde la suspensión de empleo hasta la pérdida de la licencia de controlador.
Ha abundado en esta materia el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ha informado de que la Fiscalía comenzará el jueves a tomar declaración a los controladores.
Según ha dicho, todos los casos se seguirán por la vía ordinaria y no por la militar, dado que no se tiene constancia de ningún supuesto punible después de que el Gobierno decidiera militarizar el control aéreo español en la noche del viernes.
Conde-Pumpido ha detallado que, con arreglo a la ley vigente, los controladores pueden ser condenados a penas que oscilan entre los tres meses y los tres años de cárcel, para los casos más leves, y de tres a ocho años en los más graves.
Tanto el ministro de Justicia como el de Fomento se han mostrado convencidos de que "todo el peso de la ley" recaerá sobre quienes paralizaron el espacio aéreo español durante 20 horas entre el viernes y el sábado pasados.
Dentro del ámbito que corresponde a AENA, Blanco ha insistido en que se estudiarán los expedientes disciplinarios abiertos para evaluar la responsabilidad de cada uno en los hechos, porque pudo haber controladores que realmente estuvieran de baja médica, otros que se limitaran a seguir órdenes de sus representantes sindicales u otros que incluso fueran engañados.
Sobre la posibilidad de que repitan situaciones similares, por ejemplo en las vacaciones de Navidad, Blanco ha dicho que espera "que la cordura se imponga" porque en el colectivo de controladores hay "excelentes profesionales que quieren cumplir con su trabajo y que muchas veces se sienten presionados para hacer 'seguidismo' de una cúpula dirigente"
"Estoy convencido de que esta situación se va a ir normalizando y van a ser cada vez más los que quieran trabajar de acuerdo a la ley", ha señalado el ministro, quien pedirá su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas que ha tomado este año para "desmontar el edificio de privilegios" de este colectivo.
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