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El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado este jueves que el Estado no puede bajar la guardia y que le gustaría creer a los controladores, pero que hay que dar "más credibilidad a los hechos que a las promesas".
En una entrevista en RTVE, Blanco dijo entender el gesto de buena parte de los controladores que aseguraron que garantizan la prestación del servicio de control sin condicionarlo a la prórroga del estado de alarma, y recordó que el 13 de agosto firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a mantener la normalidad hasta el 31 de diciembre y que lo incumplieron.
Unas horas antes de que el Gobierno pida al Parlamento el apoyo para la prórroga del estado de alarma, Blanco afirmó que el Partido Popular deberá decidir si le da más credibilidad a las firmas de los controladores, es decir más "a las promesas que a los hechos".
En su opinión no se puede dar validez a los argumentos de un colectivo que en 30 años no han hecho ni una sola huelga, pero que han saboteado "miles de veces" el normal funcionamiento del tráfico aéreo.
Blanco insistió en que el Gobierno tiene voluntad de dialogar, pero que no piensen que se va a dar "carpetazo" a las reformas, y aseguró que hay espacio para el acuerdo.
Respecto a la ausencia del presidente del Gobierno en el debate de este jueves sobre la prórroga del estado de alarma, el ministro consideró "imprescindible" la presencia de Zapatero en el Consejo Europeo, donde dijo que espera que la cumbre sea positiva para consolidar y favorecer a la moneda europea y a los ataques especulativos contra el euro.
Sobre el proceso judicial, insistió en que corresponde a los tribunales penales y civiles, y en cuanto a la responsabilidad administrativa y laboral dijo que se estudiarán los expedientes individuales y que las sanciones ante "unas faltas muy graves" pueden ir desde el traslado forzoso, a la expulsión e incluso la retirada de la licencia de controlador.
Preguntado acerca de las dudas acerca de la constitucionalidad de la prórroga del estado de alarma, el titular de Fomento declaró que el Gobierno entiende que el sabotaje ha sido muy grave y que "no se puede bajar la alarma", y se remitió al pleno en el que el Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, explicará los argumentos del Ejecutivo.
No obstante, dijo que el Gobierno está convencido de que lo hecho se ajusta a la Constitución, aunque el debate final lo dirimirá el Tribunal Supremo.
Para el ministro, lo alarmante hubiera sido que no se hubiera decretado el estado de alarma frente "al chantaje y el sabotaje al tráfico aéreo".
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