Ajustes y deuda volverán a marcar unos Presupuestos aún más restrictivos

Madrid/El Gobierno presentará este jueves un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 de nuevo marcado por los ajustes, previsiblemente de unos 40.000 millones, y por el pago de los intereses de la deuda, que ascienden prácticamente a ese importe (más de 38.000 millones). El esfuerzo será por tanto mayor que el que hubo de efectuarse en los presupuestos para 2012, cuando se ajustaron 27.300 millones, cantidad que también estuvo en línea con los intereses de la deuda que debían pagarse este ejercicio (29.246 millones de euros). Ya entonces la partida de deuda superó en 2.000 millones todo lo que el Estado gasta en pagar a su personal, una situación que sin duda se repetirá en 2013. Así las cosas, el proyecto que se conocerá este jueves arrebatará a las cuentas aprobadas hace solo cinco meses el título de "los presupuestos más austeros de la democracia".

De hecho, el salario de los funcionarios seguirá congelado por tercer ejercicio consecutivo en 2013, aunque ese año recuperarán la paga extra de Navidad. El presidente del sindicato CSI-CSIF, Miguel Borra, tras una reunión con el Gobierno, ha confirmado que a esta "nueva pérdida de poder adquisitivo" se añade que sólo habrá tasa de reposición -de hasta el 10%- en educación, sanidad, fuerzas de seguridad del Estado, lucha contra incendios y contra el fraude fiscal. Son los mismos colectivos entre los que hubo esta tasa de reposición el año pasado, aunque el matiz es que en 2012 era "del" 10% y en 2013 será "hasta" el 10%, según ha matizado Borra. Ha reclamado "pasar página de los recortes" y "empezar a trabajar en una verdadera reforma de la administración" a través de un pacto de Estado entre todos los colectivos que trabajan en lo público.

Para cuadrar pagos como la asunción de todo el gasto no contributivo de la Seguridad Social y el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones -que es "lo último" que se quiere tocar-, el Gobierno ha adelantado que volverá "a hacer números para hacer más con menos".

Entre otras cosas se reducirá un 12,2% en el gasto disponible para los ministerios, con lo que dispondrán de un total de 31.057 millones de euros en 2013. Este recorte de 4.300 millones de euros en 2013 estará fundamentado en menores transferencias, así como en una reducción de 600 millones en gastos de personal. La revisión será exhaustiva de todas las transferencias corrientes y de capital que gestionan, lo que permitirá un ahorro en estos capítulos de gasto en torno al 25%, según el Gobierno.

Adicionalmente, las medidas de racionalización de las Administraciones Públicas permitirán unos ingresos extras de 3.723 millones de euros en 2013, que se suman a los 5.200 millones de la eliminación de la paga extra de Navidad de este año. Entre las que se aplicarán en los próximos años se encuentran la supresión de tres días de libre disposición de empleados públicos, la reducción de créditos y permisos sindicales, la modificación del régimen retributivo del personal al servicio de las Administraciones durante la situación de incapacidad temporal y la congelación de oferta de empleo público.

En cuanto a las medidas tributarias, la principal novedad es la ya anunciada subida del IVA a partir del 1 de septiembre de 2012. El aumento del tipo general y reducido de este impuesto proporcionará unos ingresos extras de 10.134 millones en 2013. Se incluyen también cambios normativos en el Impuesto sobre Sociedades, para estabilizar su recaudación, y en los impuestos especiales. En total, las medidas tributarias deberían proporcionar 15.069 millones de euros, siempre en un escenario de caída del PIB prevista en el 0,5% para 2013.

Junto al proyecto de presupuestos, que se conocerá en mayor detalle cuando se entregue el sábado en el Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, el Consejo de Ministros va a aprobar un Plan Nacional de Reformas para su remisión a Bruselas. Entre sus elementos básicos estarán la lucha contra el fraude fiscal, la liberalización de algunos sectores con el fin de fomentar la competitividad, y la eliminación de trabas y procedimientos administrativos para que exista una unidad de mercado más coherente. Todo ello con sus correspondientes plazos, tal y como reclama la Comisión Europea, que ha mostrado su confianza en que el Plan tenga un efecto positivo sobre las cuentas públicas.

Las reformas para ganar en competitividad estarán relacionadas con cambios en los organismos supervisores y reguladores de algunos sectores, así como en medio ambiente y agricultura, en el sector del transporte y en la educación. El Ejecutivo también reformará el Código Penal para ganar en seguridad jurídica. Además, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha anunciado la creación dentro de este plan de una autoridad fiscal para controlar el cumplimiento de los presupuestos por parte de todas las administraciones, así como una serie de programas para la formación de empleo.