Entrada a la sede social de Abengoa, el sevillano Campus de Palmas Altas.
Entrada a la sede social de Abengoa, el sevillano Campus de Palmas Altas. / Juan Carlos Vázquez

Sevilla/Desde el 17 de noviembre, fecha en la que se destituyó al consejo de administración de Abengoa S. A., la multinacional sevillana sólo ha hecho dos comunicaciones al mercado. Una ese mismo día para constatar el cese del órgano de gobierno de la empresa –en la que también difundió las dimisiones del secretario del mismo, Daniel Alaminos Echarri, y de la vicesecretaria, Mercedes Domecq Palomares–, y otra una semana después, el martes 24, para comunicar la candidatura alernativa al consejo de administración que han presentado los minoritarios que se han agrupado en Abengoshares para hacerse con la mayoría del capital.

Desde ese mismo día 17 está vencida la extensión del plazo a la condición suspensiva de que la Junta de Andalucía participase en el rescate firmado el 6 de agosto. Como publicó este diario, varios acreedores –entre ellos los fondos KKR y Blue Mountain– se negaron a prorrogarla. Pero la compañía no ha comunicado nada a la CNMV.

Tampoco lo ha hecho, al menos hasta el cierre de esta edición, sobre la consumación del plazo en el que el contrato caducaba, al cumplirse cuatro meses de la firma, lo que ocurrió el pasado domingo 6 de diciembre.

Salvo que se haya obtenido una autorización de los acreedores que no haya sido comunicada al regulador bursátil, ese contrato habría decaído sin lograr la financiación ni la ruptura societaria, que es contra lo que se han rebelado los accionistas minoritarios, que de hecho reprobaron la gestión del consejo destituido en la junta del 17 respecto a esa reestructuración.

Pese a esa censura, el presidente destituido, Gonzalo Urquijo, aseguró ese mismo día en una carta a los empleados, en calidad de presidente de la filial Abenewco 1, que el rescate seguía activo. Cumplidos los plazos, ni Abengoa ni su filial han comunicado a la CNMV, que tiene suspendida la cotización de sus acciones desde el 14 de julio, que el contrato haya decaído o se ha extendido.

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