Abengoa: el rescate que no llega

Sevilla/Abengoa sigue esperando su rescate. Hoy, 17 de marzo, se cumple un año de que la cotizada sevillana, a través de siete filiales operativas, solicitase al Estado una ayuda de 249 millones de euros –justo en el límite para que la operación pueda acordarla en exclusiva por el Gobierno del Reino de España sin que intervenga la Comisión Europea– con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Y la operación sigue atascada.

Hace un año, el consejo que entonces tenía la cotizada –presidido por Juan Pablo López-Bravo e integrado también por Margarida de la Riva Smith– anunciaba que la petición de la ayuda la había hecho exclusivamente la filial instrumental que ha concentrado todos los negocios, empleos y activos, Abenewco 1, y lanzaba al unísono un plan de refinanciación basado en la oferta de un intermediario estadounidense, Terramar Capital.

Apenas tres semanas antes, la matriz del grupo había sido declarada en concurso a petición de ese mismo consejo para evitar su segura destitución en una junta extraordinaria que fue suspendida por orden judicial, precisamente por haberse declarado el concurso de acreedores

Doce meses después de pedir esa ayuda, el expediente sigue varado en la SEPI, pendiente de que se aborden los informes jurídico y financiero encargados a los asesores externos PKF Attest y Grant Thornton, respectivamente.

Lo poco que ha trascendido de ese proceso es que Abenewco 1 no era elegible para recibir la ayuda solicitada, entre otros motivos porque es deudora ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Ese contratiempo no ha impedido que se mantenga la petición de los 249 millones de euros, que recibirían las seis filiales, propiedad de la anterior, que desarrollan cada uno de los negocios: Abengoa Agua –que recibiría más de 150 millones–, Abengoa Energía, Abener Energía, Abengoa Solar España, Abengoa Operación y Mantenimiento e Instalaciones Inabensa.

La operación sigue generando muchas dudas porque la oferta de Terramar, considerada vinculante, está en realidad totalmente condicionada a que la SEPI conceda la ayuda.

Terramar viene precedida de una pésima reputación en Estados Unidos, donde ha recibido reproches judiciales y de empresas en dificultades que señalan que buscan la quiebra y el despiece de las adquiridas tras comprar deuda.

En la operación que ha planteado hay muchas incógnitas, porque no están claras todas las condiciones de su oferta y además ha sido suspendida su actividad en California, aunque puede operar desde Delaware.

En este año transcurrido, Terramar ha ido modificando esas condiciones. Inicialmente ofrecía una financiación interina al grupo Abengoa que no ha facilitado y ahora no invertirá nada en el capital ni prestará el dinero que promete si antes no son aprobados los fondos públicos. Por contra, se ha asegurado legalmente el cobro cierto de una comisión cercana a los 400.000 euros si finalmente no es quien compra el 70% de Abenewco 1, aspecto ya validado por la administración concursal.

El rescate sigue pendiente de que la SEPI acuerde la concesión o no, que está también en alerta porque la mitad del consejo de administración de Abenewco 1 no respalda la operación, ni tampoco el consejo actual de la matriz, Abengoa SA.

El presidente de la filial no elegible y ex presidente de la matriz, López-Bravo, ha dado varias fechas, así como los directivos que le son afines, como Álvaro Polo y Mario Pestaña, en las que sostenían que el Gobierno aprobaría el rescate, todas superadas por la realidad de que esa decisión no se produce. La última vez dijeron que sería en febrero, superados sus 28 días, el ecuador de marzo y el año de la petición de la ayuda, tampoco ha llegado a consumarse.

El consejo de la matriz actual, que preside Clemente Fernández, plantea una fórmula de rescate alternativa, sin Terramar Capital, y asegurando la continuidad de la cotizada, mediante un convenio anticipado del concurso y una ampliación de capital, con derecho de exclusión para un socio financiador, y también para los actuales accionistas de la compañía.

Todo el rescate, con una fórmula y otra, está en el marco del concurso de acreedores de ésta. El pasado 9 de marzo la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó el concurso de traslado del magistrado titular del mismo, Miguel Ángel Navarro, por lo que en breve se iniciará el proceso para sustituirle.