Abengoa anuncia una prórroga del rescate que Urquijo dio por fracasado hace una semana

Sevilla/Abengoa sigue aferrada a la ejecución del rescate financiero anunciado el 6 de agosto de 2020 y que, el consejo de administración que lo validó entonces, que presidía Gonzalo Urquijo, dio por fracasado hace una semana, cuando dimitió en bloque como órgano de dirección de la filial operativa del grupo, Abenewco 1. El nuevo consejo de la matriz del grupo sevillano fundado hace 80 años, en enero de 1941, hizo el anuncio en una escueta información relevante remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que se limita a señalar que "se ha procedido a extender de nuevo el plazo para el cierre de la operación de financiación (Long Stop Date) hasta el 1 de febrero de 2021".

Ese rescate no sólo pretende refinanciar la empresa, sino también romperla, aislando a la matriz, Abengoa S. A., que iría a la quiebra, y situando a la citada filial como nueva cabecera del grupo. Esa pretensión ha provocado la rebelión cerca de tres mil minoristas, que se han sindicado en un pacto parasocial para agrupar su voto en la sindicatura de accionistas Abengoashares, que representa más de un 15% de los derechos de voto del capital de la cotizada.

Pese a esta rebelión, en la que los accionistas, gracias a sus voto, han impuesto sus propuestas en dos juntas generales extraordinarias –en la de noviembre destituyeron al consejo que pactó el rescate, pero que se quedó en la filial gobernando el grupo hasta que dimitió el pasado viernes 8–, lo que mantiene bloqueada la operación de refinanciación desde el 30 de septiembre de 2020 es que existe una condición suspensiva para que la Junta de Andalucía participe en la misma aportando 20 millones de euros. El Gobierno andaluz descartó su participación desde final de septiembre por falta de instrumentos jurídicos para dar una ayuda de esa cuantía sin concurrencia pública.

El rescate tendría que aportar 250 millones de nueva liquidez: 50 millones prestados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), 180 que presta la banca que ya es acreedora (de los que 126, el 70%, también está avalado por el ICO, y los 20 millones de que no aporta la Junta. Además, prevé que el Estado ofrezca, a través del Cesce, hasta 300 millones de euros en avales, indispensables para el desarrollo del negocio de Abengoa.

La anunciada este viernes es la primera prórroga que se comunica desde el 17 de noviembre, cuando venció la que los acreedores habían dado para extender la condición suspensiva de la participación del Gobierno andaluz. Ese mismo día, por la mañana, los accionistas destituyeron a Gonzalo Urquijo, hasta entonces presidente ejecutivo del grupo, y a los otros seis consejeros –Josep Piqué, Manuel Castro, José Luis del Valle, José Wahnon, Pilar Cavero y Ramón Sotomayor–. La junta no pudo, porque Urquijo lo impidió, elegir un nuevo consejo de administración.

La empresa mantuvo silencio cuando se fueron cumpliendo otros plazos, el 6 de diciembre, que era la fecha prevista en la que debía estar ejecutado y, sobre todo, el 31 de diciembre de 2020, fecha de caducidad del contrato. El año terminó sin que el contrato se hubiese ejecutado. A los ocho días, el consejo destituido en la matriz en noviembre renunció también en la filial operativa "al no haberse podido culminar la operación de reestructuración suscrita el pasado 6 de agosto de 2020 con los principales financiadores y acreedores del grupo", según explicaron en un comunicado remitido por Abenewco minutos después de que el cese fuese efectivo.

En ese comunicado, Urquijo y sus consejeros enfatizaron que "la operación estaba diseñada y negociada bajo la fecha límite de 31 de diciembre de 2020", con lo que consideraban que éste había fracasado. "Al no haberse podido ejecutar en esa fecha, consideramos razonable que el nuevo consejo de administración de Abengoa SA" –elegido en otra junta de accionistas el 22 de diciembre por los minoristas de Abengoashares, pero que traicionó a éstos y se alineó con los anteriores gestores– "tome las decisiones que estime pertinentes al respecto".

La decisión del nuevo consejo de la matriz, fue nombrar de inmediato otro órgano de administración en la filial Abenewco 1, algo que una semana después no ha cumplido, e intentar seguir ejecutando el mismo rescate que Urquijo considera fracasado, después de que el Gobierno no aceptase que el Banco de Santander, principal entidad acreedora del pool bancario, aporte los 20 millones de euros que la Junta andaluza no ha aportado.

Fuentes del Gobierno confirmaron a este diario que, pese al anuncio de la prórroga, "nada ha cambiado" en la operación de rescate, que sigue bloqueada por la misma razón desde septiembre. Esas fuentes reiteraron que el Gobierno ha expresado varias veces que el ICO no financiaría el salvamento sin la participación del Ejecutivo autonómico de Andalucía.

Por su parte, fuentes financieras ponen en duda que el rescate anunciado en agosto pueda ejecutarse cumplida la fecha del 31 de diciembre. Así, sostienen que no basta con extender la fecha, como hizo este viernes el consejo de la matriz, porque llegar a 2021 supone que hay que cerrar el ejercicio de 2020 y aplicar el resultado a todo el grupo, "que sigue encabezado por Abengoa S. A.", independientemente de que ésta esté en situación de preconcurso, solicitado por la misma dirección que diseñó una operación que pretendía aislarla del resto del grupo, lo que la encaminaba a la quiebra.

La prórroga, por tanto, complica aún más el culebrón que vive Abengoa. Porque además, está pendiente de convocar una nueva junta de accionistas, forzada por la sindicatura Abengoashares, para destituir al consejo de administración que les traicionó, en el que sólo quedan dos miembros, Juan Pablo López-Bravo, presidente actual, y Margarida de la Riva Smith, después de que Jordi Sarrias Prats dimitiese, en desacuerdo con lo hecho por sus compañeros, aunque la empresa formalmente arguyó conflicto de intereses con otras compañías.

Los minoristas proponen en esa junta, que aún no ha sido convocada por Abengoa porque tiene un mes de plazo para hacerlo –se formalizó el 30 de diciembre y Abengoa acusó recibo el 4 de enero–, como presidente de la empresa a Clemente Fernández, ex presidente de Amper, al que acompañan otros dos cántabros, José Joaquín Martínez Sieso y José Alfonso Murat.

Fernández y el resto de los accionistas sindicados proponen un rescate alternativo, aunque similar en términos económicos, dado que a los 230 millones que el ICO y la banca aportaría, los propietarios del grupo ofrecen inyectar hasta 30 millones de euros en la filial operativa mediante una ampliación de capital preferente para los accionistas de Abengoa S. A. Ese nuevo rescate no ejecutaría una ruptura societaria del grupo e intentaría salvar de la quiebra a la matriz.

El Gobierno no ha considerado aún esa oferta, como tampoco ha autorizado mantener el rescate, que internamente denominan Vellocino, sustituyendo los 20 millones que no aporta la Junta de Andalucía por un aumento de la deuda por la misma cuantía con el Banco de Santander.