Abengoa, investigada junto a Deloitte por presunta estafa a inversores

Sevilla/La gestión de Abengoa previa al preconcurso de acreedores presentado en noviembre de 2015 vuelve a ser escrutada por la justicia, que ahora investiga si pudo cometerse un delito de estafa a inversores por una grave alteración de las cuentas de la multinacional andaluza.

El juez de la Audiencia NacionalIsmael Moreno dictó este lunes un auto por el que admite una ampliación de la querella contra Abengoa y Deloitte por un presunto delito de estafa a los inversores, en la causa que investiga la supuesta alteración contable de las cuentas de 2014 a 2016.

La ampliación de la querella, que hasta ahora sólo se dirigía contra el ex presidente de Abengoa Felipe Benjumea y el ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, afecta también a las antiguas consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde y al socio auditor de Deloitte Manuel Arranz, en todos los casos por estafa a los inversores y falsedad contable.

Benjumea, Sánchez Ortega, Gracia y Velarde ya fueron absueltos en causa que investigaba las indemnizaciones percibidas por los dos primeros tras su relevo al frente de la compañía en 2015.

Según el auto difundido por la Audiencia Nacional este lunes, el juez aprecia indicios de grave alteración y presunta falsedad de la realidad económica financiera y patrimonial, que se ocultó a las miles de personas que decidieron invertir en ella.

Presentada por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, la querella origen del procedimiento se admitió en febrero de 2017 para investigar si las “óptimas” cifras que reflejaban los estados financieros de la empresa y la “idílica” situación patrimonial y financiera difundida por sus administradores antes de solicitar el preconcurso de acreedores era real.

También la Fiscalía, al estudiar las finanzas de Abengoa, detectó una posible alteración contable de las cuentas de la multinacional y de sus filiales Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía. En concreto, mencionaba la “sistemática ocultación” de sustanciales pérdidas de sus activos, así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas. Todo ello provocaba una “notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad”, según la Fiscalía.

El magistrado tiene en cuenta una resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de febrero de 2018, que sancionó a Deloitte y su socio Manuel Arranz y que puso de relieve que la empresa, “con el aval” de la auditora, trasladó al mercado una imagen de sus situación que no se correspondía con la realidad.

En su resolución, el ICAC sostenía que los auditores no verificaron la corrección y fiabilidad de ingresos registrados en las cuentas de 2014, procedentes de la actividad de ingeniería y construcción por lo que no se podía constatar que se encontraban “libres de incorrecciones materiales debido a fraude”.

Tal como incide el auto, el organismo constató una “absoluta falta de justificación” por parte de los auditores de más de 4.514 millones de euros en las cuentas de Abengoa, un importe equivalente al 63,14 % de su cifra de negocio.

Asimismo, el ICAC destacaba una “grave y patente” incorrección material en los estados financieros de la compañía, que no pasó desapercibida por los auditores, sino que “sorprendentemente” fue avalada por estos.

Por todo ello, el titular del juzgado central nº 2 entiende que se puede atribuir a Abengoa, Deloitte y los tres directivos una grave alteración y presunta falsedad de la realidad económica-financiera y patrimonial que se ocultó a los miles de inversores que decidieron invertir sus ahorros en la compañía.

Frente a expectativas de beneficios y dividendos, había “pérdidas de tal magnitud que la compañía se hizo insostenible”, añade el juez, y se vio obligada a reconocer su situación de insolvencia.

Abengoa declinó este lunes hacer comentarios a la ampliación de la querella.

Por su parte, Deloitte, sostuvo en un comunicado que trabajó en Abengoa conforme a la normativa. “En el mismo momento en que se pusieron de manifiesto los problemas de liquidez de Abengoa en septiembre 2015, y antes de la solicitud de preconcurso por parte del consejo de administración”, relata Deloitte, “incluimos una incertidumbre material de viabilidad en nuestro informe de auditoría de las cuentas semestrales de 2015. La auditora enfatiza que el ICAC nunca ha cuestionado la auditoría de las cuentas de 2014. El expediente del ICAC se refiere a falta de evidencia de documentación en papeles de trabajo, pero no contempla la necesidad de realizar ningún ajuste a las cuentas anuales de 2014. Deloitte subraya que el expedienfe del ICAC está recurrido ante la Audiencia Nacional y se han aportado dos pruebas periciales que soportan el trabajo del auditor en las áreas con deficiencias detectadas. Por lo que confían en su total exoneración.