El fiscal ve indicios de delito en la gestión de Gonzalo Urquijo en Abengoa desde 2016

Sevilla/La Fiscalía de Sevilla ha visto indicios de delito en la gestión de Abengoa desde que se hizo la primera reestructuración financiera y por ello investigará los hechos denunciados por dos accionistas individuales de la compañía de manera conjunta en las diligencias previas que ya tramita el Juzgado número 8 de Sevilla, a raíz de la querella que presentó Inversión Corporativa, el vehículo inversor de las familias fundadoras de la multinacional sevillana.

La Fiscalía de Vigo abrió unas diligencias de investigación a instancias de la denuncia de un accionista residente en Pontevedra contra los miembros del consejo de administración de Abengoa tras la primera reestructuración económica de la mercantil, presidido por Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz e integrado por Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps, así como contra el sucesor del primero, Juan Pablo López-Bravo Velasco.

Entre los investigados hay, por tanto, dos ejecutivos de empresas cotizadas, ya que aunque Urquijo fue destituido por los accionistas de Abengoa l 17 de noviembre de 2020, desde el 18 de marzo pasado es el consejero delegado de Talgo, mientras que Juan Pablo López-Bravo es todavía el presidente ejecutivo de Abengoa, aunque los accionistas están intentando destituirle desde la misma semana en que fue nombrado, en diciembre de 2020, por haberles traicionado y alinearse con las tesis, prácticas y objetivos del consejo que presidía Urquijo.

Dichas diligencias se trasladaron a la Fiscalía Provincial de Sevilla, dado que Abengoa tiene su domicilio social en la capital hispalense. “La denuncia versa sobre una serie de hechos que detalla a lo largo de su texto y que a grosso modo viene a poner de manifiesto una serie de acuerdos y decisiones adoptadas por el mencionado consejo de administración tras la primera reestructuración económica de Abengoa SA, tendentes a vaciar de valor económico la empresa administrada en pro de los accionistas mayoritarios y a su vez acreedores (sobre todo entidades financieras, que fueron las que determinaron el nombramiento de los denunciados como miembros del referido consejo) y en perjuicio de los accionistas minoritarios y de la propia mercantil, dado que se vendieron activos más valiosos de la empresa por un precio bastante inferior de mercado y se adoptaron otras decisiones que de forma dolosa agravaron la situación de insolvencia de la compañía siempre tendentes a beneficiar a los acreedores financieros de la empresa”, señala la Fiscalía de Sevilla. La denuncia añade que “se ocultó y tergiversó ante el mercado de la situación económica real de la compañía y se empleó dicha información para vender las acciones de la misma a un valor más alto del real, logrando de dicho modo los acreedores bancarios y fondos de inversión accionistas mayoritarios un beneficio de hasta 200 millones de euros en bolsa en perjuicio de los accionistas minoritarios”.

El Ministerio Público considera que “tales hechos serían indiciariamente constitutivos, a priori, de un delito de administración desleal, un delito contra el mercado, un delito societario, y un eventual delito de estafa”, según relata.

Durante la tramitación de esta denuncia, la Fiscalía recibe una segunda denuncia que se acumula a la anterior, interpuesta por un accionista residente en Madrid, que da cuenta de los mismos hechos.

Como el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla ya instruye las diligencias previas 1937/20 en el que se investigan precisamente los mismos hechos, el fiscal acuerda que estas denuncias han de acumularse al procedimiento judicializado, aunque solicita que también se investigue al actual presidente de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo Velasco.

En una providencia del pasado jueves, la jueza instructora de la querella acordó recibir las denuncias y dar cuenta tanto a las partes como de nuevo al propio fiscal.

La SEPI pide más datos

Por otro lado, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha requerido a Abengoa más información para poder avanzar en el expediente de solicitud de ayuda que solicitó con cargo al Fondo de Solvencia de Empresas Estratégicas por importe de 249 millones de euros para su filial operativa Abenewco 1, informó Efe. La agencia, que cita fuentes cercanas a la operación, informa de que Abengoa ha respondido, pero sólo parcialmente a los requerimientos que se le han hecho en las últimas semanas para completar la información.

En concreto, la SEPI pide a Abengoa que refleje el compromiso de los bancos con la reestructuración financiera pendiente y que aclare con qué inversores va a gestionar su plan de viabilidad y su proyecto de futuro, según las citadas fuentes.

La información es considerada imprescindible para que se pueda conocer el plan de viabilidad que todavía está pendiente de presentar en su totalidad, poder garantizar la devolución de los préstamos que en su caso se concedan y para garantizar la viabilidad futura de la compañía.