El deterioro financiero y el riesgo de Abengoa llevan a la SEPI a negar la ayuda pública

Sevilla/La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como gestora del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, ha elaborado un contundente informe en el que concluye que las filiales del grupo Abengoa que han solicitado la ayuda pública de 249 millones de euros no cumplen los requisitos para ser consideradas elegibles.

Este informe, al que ha tenido acceso este diario, detalla en 11 páginas hasta 18 conclusiones para proponer al consejo gestor del Fondo que no se declare elegible, aunque las razones principales confluyen en dos: que no está demostrada la viabilidad a medio y largo plazo y que no se garantiza la devolución de los 249 millones de euros.

La propuesta la realiza el jefe de área del Fondo y la visa el director del Fondo y para llegar a la misma “se basa en los informes y escritos de los asesores jurídico, PKF Attest, y financiero, Grant Thornton”.

La lectura detenida el informe ofrece una versión muy alejada de la trasladada por el presidente no ejecutivo de Abenewco 1, Juan Pablo López-Bravo, a los trabajadores en un correo electrónico, así como de la de otros directivos en declaraciones públicas, que trata de hacer ver que la SEPI toma una decisión arbitraria y contra el criterio de los asesores contratados.

El informe detalla además las cuantías solicitadas por las seis filiales. Abengoa Energía solicita 87,5 millones en un préstamo participativo y otros 44,8 en un crédito ordinario; Abener Energía 48,8 y 5,8; Abengoa Agua 21,2 y 20,3; Instalaciones Inabensa 3,1 y 2,9; Abengoa Operación y Mantenimiento 3,7 y 3,6, y Abengoa Solar España las mismas cantidades que la anterior. En total, 168 millones en préstamos participativos y 81 en préstamos ordinarios que suman el global de 249 millones.

Un extremo que confirma el informe y que es muy relevante es que los ejecutivos del grupo Abengoa no registraron este reparto hasta el 7 de abril pasado. Y que el nuevo Plan de Viabilidad se entregó el pasado 10 de mayo, que fue cuando se incorporaron los datos auditados de las cuentas anuales del ejercicio 2020. Esto es muy importante, porque confirma que la SEPI no ha estado demorando el trámite durante meses. De hecho, dio su respuesta el día 21 de junio, 42 días después de entregarse el Plan de Viabilidad. Eso sí, una vez celebradas las elecciones autonómicas en Andalucía.

El documento pone en duda que lo que el grupo denomina el “perímetro SEPI”, las seis sociedades que recibirían la ayuda, pueda quedar aislado de forma estanca respecto al resto del grupo, tanto por arriba (Abenewco 1, Abenewco 2 bis, Abenewco 2 y Abengoa SA) como por abajo, donde hay más de 300 sociedades filiales de las que recibirían la ayuda pública.

De manera prolija, el informe detalla una serie de consideraciones de los asesores.

Respecto del asesor financiero, señala acontecimientos que podrían impactar en ese “perímetro SEPI”, como litigios por valor de 943 millones de euros, sin incluir costas o interés, que podrían suponer incrementarlos en un 30%. Además hay 162 millones reclamados extrajudicialmente, reclamaciones por deuda de las sociedades del perímetro Abenewco 1, la ejecución de nuevos avales del grupo Abengoa y de Abenewco 1, y posibles incumplimientos en las filiales beneficiadas.

Grant Thornton también pone en duda aspectos del Plan de Viabilidad respecto a la certeza de la cartera de contratación y la facturación que ésta originaría. Así, señala que el 80% de la facturación de 2023 correspondería con “contratación futura”, lo que implica un “riesgo elevado” de cumplimiento del plan. También le parece poco creíble que la contratación vaya a duplicar en ese ejercicio.

Un riesgo de gran importancia que señala el asesor financiero es que el auditor del grupo ha obligado a deteriorar los créditos de las filiales de Abenewco 1 y contabiliza “un gasto por ejecución de avales de la que todo el perímetro era garante por importe de 116 milones” que será pagado por la ayuda pública más la financiación de Terramar”. “Esto puede ser una muestra de hacer progresivamente responsable al perímetro beneficiario de los riesgos del grupo, aprovechando la liquidez que entraría con la entrada del Fondo y de Terramar”, dice rotundo.

También añade que grupo puede perder su clasificación como contratista del Estado por imposibilidad de justificar su solvencia económica-financiera o aportar avales para proyectos internacionales, que es algo que se reconoce en el propio Plan de Viabilidad- “Esto podría dificultar la obtención de nuevas licitaciones”, concluye.

Por su parte, el asesor jurídico, también señala las contingencias judiciales y extrajudiciales citadas. Todo ello lleva al Fondo a considerar que no cumple la condición de demostrar la viabilidad de las sociedades solicitantes.

Tampoco cumple, según el informe, la segunda condición de presentar una previsión de reembolso del apoyo estatal con un calendario amortización, citando de nuevo las razones aportadas por los asesores.

Conclusiones

En el apartado de conclusiones del informe del Fondo añade también algunos aspectos relevantes, además de reiterar los anteriores, como que el auditor lleva años señalando la incertidumbre de que el grupo pueda seguir como empresa en funcionamiento, que no se ha acreditado que el problema de su solvencia obedezca al impacto del Covid, aunque pueda haberlo. Esto último es clave, porque el Fondo se crea para ayudar a empresas con problemas de solvencia sobrevenidas por la pandemia.

Otra cuestión muy relevante es que la mayoría de los contratos permiten resolveros si hay insolvencia del contratista o incluso de su matriz, con un riesgo para el “Perímetro Sepi” de 448,1 millones sobre un total de 460,37 millones.

Tampoco es menor que existe un listado de litigios penales aportado por la empresa “de los que pudiera derivarse responsabilidad civil ex delicto”, aunque manifiestan que la empresa no aporta una estimación porque no ha sido cuantificado el tipo de perjuicio económico que pudiera ser reclamado por vía civil.

Otras conclusiones llevan a que el Fondo considere no acreditada la elegibilidad de la ayuda solicitada. Entre llenas también destaca riesgos fiscales motivados por la ruptura del grupo fiscal consolidado, que eleva a 2.000 millones de euros.

En definitiva, la SEPI concluye que el deterioro financiero y el riesgo hacen inviable informar de forma favorable a la concesión de la ayuda.