Abengoa demora otra vez su rescate hasta que celebre su junta general de accionistas

Sevilla/Abengoa no sale del bucle. Casi mes y medio después del 30 de septiembre, la fecha en la que debían cumplirse las condiciones suspensivas del contrato de refinanciación firmado y anunciado el 6 de agosto, la empresa sigue en el mismo punto muerto: insiste e insiste en presionar al Gobierno andaluz para que participe en esa operación de rescate aportando 20 millones y amaga y amaga con quebrar en cada plazo nuevo que da.

Después de una larga jornada de espera, la dirección de Abengoa sólo comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el plazo que fijó el pasado viernes 6 hasta ayer no es el último. La única decisión que tomó ayer es alargarlo hasta el 17 de noviembre, fecha en la que ya se habrá celebrado la junta general de accionistas extraordinaria que debe votar si revoca el rescate firmado por la dirección que preside Gonzalo Urquijo y si le destituye a él y a todo el consejo de administración.

Formalmente, la comunicación hecha al regulador de los mercados se hace para dar tiempo a “ que la Junta de Andalucía pueda aportar el compromiso de apoyo financiero” que figura en el contrato de la refinanciación, que es la “única condición que no depende del grupo y que está aún pendiente a día de hoy”.

Es más, la información relevante hecha pública ni siquiera menciona la junta general extraordinaria de accionistas, pese a que está ya convocada para el 16 de noviembre –el próximo lunes– en primera convocatoria. Y para el mismo 17 de noviembre, en segunda convocatoria.

Y es que el futuro de Abengoa no depende sólo de que la Junta de Andalucía ceda a la presión del consejo de administración, sino que la batalla más relevante se ha trasladado a la junta general de accionistas, que será histórica, no sólo por ser la primera que fuerzan unos minoritarios en una cotizada, sino porque si se aprobase su orden del día, la empresa cambiará radicalmente de rumbo, porque el rescate decaería definitivamente y un nuevo consejo de administración se haría cargo de renegociar otra refinanciación, en la que se salve la matriz del grupo, la histórica Abengoa S. A., fundada en Sevilla en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares.

El actual consejo sin embargo, queda dicho, no hace mención en su comunicación a la CNMV, sino que insiste en el mismo mensaje que viene repitiendo en cada prórroga de esta agonía: que la sociedad va a la quiebra si no se ejecuta su plan de rescate, que considera la única salida viable.

Así, Abengoa “reitera que este nuevo retraso perjudica de manera significativa la continuidad de los negocios de Abengoa Abenewco 1, S.A. y su grupo que ven limitadas sus posibilidades para acceder a nueva contratación y para cumplir con sus obligaciones corrientes, con lo que la demora en el cierre debe llegar a su fin”.

Y de nuevo presionan con la quiebra: “Si llegado el día 17 de noviembre de 2020”, añade, “no se tiene certeza en cuanto a la posibilidad de proceder con dicho cierre en los siguientes días, el Consejo de Administración de Abengoa Abenewco 1, S.A., habida cuenta de que la viabilidad del grupo estará gravemente comprometida y atendiendo a sus deberes fiduciarios, tomará las decisiones que le correspondan, atendiendo a sus deberes fiduciarios, para proteger los intereses de Abengoa Abenewco 1, S.A. y de todos sus grupos de interés”.

Lo que está por ver es qué consejo de administración tiene Abengoa S. A., porque la junta general de accionistas puede destituir al actual y nombrar otro, cuyos nombres se desvelarán en la propia reunión de accionistas, y qué margen de actuación tiene el consejo de administración de Abenewco 1, que está constituido pese a que la matriz aún posee el 100% de la filial.

Todo queda pendiente de qué ocurra en la junta de accionistas, en la que los minoritarios agrupados en Abengoshares ha logrado movilizar a una parte relevante del capital, como demuestra que ayer entregasen votos a su favor que equivalen, según su versión, a más del 15,% del capital.