El capital de Abengoa votará personar a la empresa en la querella contra Urquijo

Sevilla/Abengoa ha publicado en la mañana de este jueves, tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) como en una información relevante remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el complemento al orden del día de la junta general ordinaria convocada para el 15 de noviembre, o al día siguiente, 16, si la víspera no comparece el 25% del accionariado.

La publicación dentro del plazo legal establecido supone que el capital de Abengoa votará en la citada junta general personar a la compañía en las diligencias previas que se instruyen en Sevilla contra el consejo de la cotizada que presidió Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz e integraron Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps.

Esa causa penal se abrió a instancias de Inversión Corporativa (IC), la sociedad con la que las familias fundadoras de Abengoa gobernaron la sociedad hasta 2015 –y que en 2017 sufrió, como todo el capital, una dilución del 95% redujo su participación del 50,548% al 2,536%–, y 64 accionistas, que representan más del 3% de las acciones de la compañía.

El complemento plantea literalmente que al capital que se reúna en la citada junta se le proponga someter a votación dar “una instrucción al consejo de administración” de Abengoa SA “para que adopte las medidas precisas para que la sociedad se persone como perjudicada en las Diligencias Previas número 1937/2020, que se tramitan por el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, adhiriéndose tanto a la querella inicial formulada por Inversión Corporativa, IC, S.A. frente a los anteriores consejeros Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps, como a la ampliación de la misma, que se produjo el 28 de julio de 2021 y que, entre otros extremos, solicita la imputación de Christian Anders Digemose.”

Si el capital apoya la personación de Abengoa en la querella, la sociedad también sería beneficiaria de las decisiones que la justicia adoptase en su día en caso de prosperar la acción penal.

La querella se presentó por la empresa que preside Felipe Benjumea Llorente –ex presidente de Abengoa– primero ante la Audiencia Nacional en junio de 2020, incluso antes de que el 6 de agosto de ese año, el consejo desvelase un nuevo plan de rescate –hoy fracasado– que incluía la ruptura societaria del grupo, que separaría a la matriz de la filial operativa a la que se habían trasladado todos los negocios, activos y empleos, Abenewco 1.

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional se encargó de tramitarla, pero su titular, el juez José Luis Calama Teixeira, se declaró incompetente, aunque no sin señalar que apreciaba indicios de delito en los hechos denunciados por la acción penal, tal y como avanzó este periódico.

Esa decisión motivó la presentación en octubre de 2020 ante los juzgados de Sevilla, tal como sugirió el juez Calama Teixeira. El juzgado número 8 instruye desde entonces en Sevilla las diligencias previas a las que el complemento pretende que Abengoa SA se adhiera como querellante si lo aprueba el capital social de la cotizada.

Un numeroso grupo de accionistas, que supera el centenar, también se adhirió posteriormente a la querella. Y otro grupo de accionistas puso en conocimiento de la Fiscalía los mismos hechos, muchos de ellos desvelados en el último año por informaciones de este periódico. La Fiscalía abrió unas diligencias de información que cerró al instar su unión a la querella por apreciar que “tales hechos serían indiciariamente constitutivos, a priori, de un delito de administración desleal, un delito contra el mercado, un delito societario, y un eventual delito de estafa”. Además, el fiscal instó que la causa se siguiera también contra el entonces presidente de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo Velasco.

Posteriormente, el pasado 21 de julio, IC solicitó ampliación de querella a la primera reestructuración de Abengoa, “al haber tenido el accionista acceso a documentación y conocimiento de hechos que podrían indicar que, desde que Abengoa tuvo que entrar en reestructuración en noviembre de 2015, el proceso de reflotamiento de la sociedad podría haber estado encaminado desde el origen hacia concursar la sociedad, situación en la que se encuentra actualmente, en vez de a reflotar la compañía”.

La ampliación de la querella sostiene que el consejo que presidía Urquijo desarrolló en dos reestructuraciones, una ejecutada en 2017 y la segunda en 2019, “un plan preconcebido que dio comienzo ya en el año 2016”.

Una de las principales hechos de los que acusan al consejo que entonces tenía Abengoa es que ejecutó un plan de rescate completamente distinto al aprobado por el propio consejo, comunicado al mercado y ratificado por los accionistas en junta general, el que había elaborado la consultora Álvarez & Marsal.

Por contra, el plan desarrollado, que los querellantes aportan documentalmente, fue ideado, según denuncian, por la empresa estadounidense Houlihan Lokey, la mayor liquidadora del mundo y que jugó un papel relevante desde la declaración del preconcurso de 2015. Ese año fue contratada por los bonistas de Abengoa ante el riesgo de impago. También asesoró a los acreedores de Abengoa durante su primera reestructuración financiera, la ejecutada en 2017, al agrupar alrededor del 40% del pasivo cotizado –unos 1.500 millones de euros–, esencialmente gestoras y otros grandes inversores con posiciones de más 100 millones de euros, como BlackRock, AIG, Invesco, D.E. Shaw o Varde y Centerbridge. De igual modo, ejerció de asesor de KKR durante el último intento de reestructuración fallido (el llamado Vellocino) en Abengoa durante 2020.

Según la querella, al aplicar un rescate distinto al aprobado, Abengoa no recibió los 1.169 millones de euros del New Money, sino sólo 132,9 millones, aunque se le cobraron altos intereses y comisiones por el total de la refinanciación.

La ampliación de la querella se dirige además de contra el consejo presidido por Urquijo contra Christian Anders Digemose, ex vicepresidente de Houlihan Lokey, directivo y ejecutivo de ABG Orphan Holdco y Stichting Seville, la estructura ajena a Abengoa creada en Luxemburgo y Holanda, respectivamente, y que recibió el dinero de la refinanciación, además de controlar las garantías de los principales activos del grupo Abengoa en ese momento, Atlantica Yield y la planta mexicana de cogeneración A3T.

Los querellantes sostienen que del plan finalmente ejecutado, el de Houlihan Lokey, “no fueron informados los socios, y no fue aprobado por la junta” general.