Abengoa paga sin retrasos las nóminas de febrero aun estando en concurso
Sevilla/La solicitud de concurso voluntario, hecha el pasado lunes por el actual consejo de administración a menos de diez días que se votase su destitución en una junta general extraordinaria, no ha sido obstáculo para que Abengoa abonara ayer, cuatro días antes del fin de mes, las nóminas de febrero, un abono que fue confirmado por la propia compañía a este diario.
Aunque meses atrás hubo retrasos en las nóminas, los abonos de salarios a la plantilla han sido puntuales desde diciembre, entre acusaciones desde el accionariado de que se utilizaba a los trabajadores para presionar en la consecución del rescate finalmente fallido.
La última reestructuración financiera planteada desde la dirección en 2018 y ejecutada en 2019, se justificó en la necesidad de lograr liquidez, una demanda que también justificaba el tercer rescate que fracasó esta semana y llevó a Juan Pablo López-Bravo y Margarida de la Riva Smith, a pedir al concurso voluntario.
Los comités de empresa del grupo rechazan nuevos ajustes de empleo
Los comités de empresa del grupo Abengoa enfatizaron ayer, en una comunicación remitida a este diario, que rechazan nuevos ajustes de plantilla en la empresa, que ha perdido más de 10.000 puestos de trabajo en el último lustro, desde que en 2015 entró por primera vez en preconcurso de acreedores, que logró superar un año después. En la reunión que mantuvieron el pasado lunes con Clemente Fernández, se planteó la posibilidad de que en divisiones sin carga de trabajo hubiese algún tipo de ajuste, aunque el candidato a presidir la compañía expresó su compromiso de salvar el empleo existente, como ha hecho en otras empresas que ha gestionado, como Amper. Los representantes de los trabajadores sostienen rechazan cualquier ajuste laboral. “Estamos solicitando a todas las partes interesadas que el acuerdo que permita que la compañía siga adelante, incluya las herramientas necesarias para asegurar el mantenimiento de toda la plantilla actual”, aseguran los representantes laborales en la comunicación remitida a este diario. Abengoa, en concurso de acreedores voluntario desde el pasado lunes, tiene una plantilla declarada en las cuentas de 2019 de 14.000 empleados, de los que unos 3.000 están en España, la mayoría en Andalucía.
Fuentes jurídicas expresaron a este diario la extrañeza que en los juzgados mercantiles de Sevilla ha generado que se pidiese ya el concurso, cuando la compañía gozaba de una protección acordada por el Gobierno central para impedir que se instasen concursos necesarios –los que piden los acreedores– hasta el 14 de marzo, en virtud de las medidas extraordinarias que ha adoptado con motivo de la pandemia de Covid-19.
Desde que anunció el concurso, el actual consejo ha mantenido una reunión con distintos directivos del grupo, en la que el presidente López-Bravo y el secretario del consejo de administración, además del director de Recursos Humanos, Álvaro Polo, atacaron con dureza a los accionistas que han convocado la junta general que votará su cese la próxima semana. Paralelamente, el entorno del consejo está filtrando a distintos medios que el juez encargado del concurso, el magistrado titular del Mercantil 3 de Sevilla, Miguel Ángel Navarro Robles, “lo primero que tendrá que decidir es si desconvoca la junta general”. Las citadas fuentes jurídicas rechazan ese planteamiento y aseguran que el juez no está obligado paralizar la vida societaria, que no se ve afectada por la solicitud de concurso, incluso citan jurisprudencia del Tribunal Supremo para avalarlo.
Una parte relevante de los votos del accionariado ha sido ya emitido y todo apunta a que la sindicatura que forzó la junta tiene asegurada la victoria en la asamblea, con lo que se elegiría a Clemente Fernández González, accionista y ex presidente de Amper, José Alfonso Murat Moreno y José Joaquín Martínez Sieso.
Ante ese dato, las fuentes consultadas creen que tratar de paralizar la junta sería un ardid, del que quieren hacer cómplice al juez, para evitar la destitución del consejo. La junta general de la semana próxima no tomará ninguna decisión que afecte al patrimonio o a los acreedores, con lo que las citadas fuentes consideran “una barbaridad jurídica” que se paralice la junta general legalmente convocada a instancias de los accionistas y no por iniciativa del consejo.
La Junta vuelve a señalar a la SEPI como vía de rescate
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración, y Administración Local, Juan Marín, argumentó ayer sobre el futuro de Abengoa tras presentar concurso voluntario de acreedores que “la solución es la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) a corto y medio plazo” y recriminó la actitud del Gobierno de “tirar la pelota al tejado de la Junta”, al tiempo que ha recordado que la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “fue consejera y no le dio solución”.
Durante una entrevista con el programa Despierta Andalucía de Canal Sur Televisión, Marín reconoció que la situación por la que atraviesa Abengoa “es muy triste”, pero situó el contexto por el que atraviesa la empresa para señalar que “es una situación histórica, de hace una década”.
Marín, que recordó que “la deuda de la empresa es de 6.000 millones, 1.200 millones debe a proveedores”, sostuvo que la presentación del concurso voluntario de acreedores “no significa que desaparezca” y esgrimió en este sentido el posicionamiento del accionariado y su voluntad de “rescatar” la empresa.
El vicepresidente de la Junta y consejero defendió que la posición del Gobierno andaluz ante Abengoa es “arrimar el hombro, pero dentro del marco de la ley” tras invocar un caso del pasado que salpica a la anterior Administración socialista: “No vamos a hacer lo mismo que en el caso Isofotón”, sometido en estos momentos a instrucción judicial por la concesión de ayudas a esta empresa.
Tras apelar a contar con “seguridad jurídica” para “poder ayudar”, Marín argumentó que “los 20 millones” que se le pedían al Gobierno andaluz “no resuelve el problema”, después de que el consejo de Abengoa y el propio Gobierno central hayan responsabilizado al Ejecutivo autonómico del fracaso del rescate financiero firmado en agosto y que el pasado lunes fue desestimado por inejecutable.
“Sin garantía jurídica no vamos a actuar”, se reafirmó el vicepresidente de la Junta y consejero en el pronunciamiento del Gobierno andaluz sobre el futuro de Abengoa.
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