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Sevilla/El consejo de administración de Abengoa elegido el pasado 22 de diciembre asumió este lunes que el rescate anunciado el 6 de agosto ha quedado resuelto y que por ello, ya no puede ser ejecutado. También anticipa la inminente celebración de una reunión del consejo que adoptará las decisiones “para proteger los intereses de Abengoa y de su grupo de sociedades, teniendo presentes así mismo a todos sus grupos de interés”
Abengoa S. A., que está en preconcurso de acreedores desde el 18 de agosto, informó este lunes en una información privilegiada enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que “los acreedores financieros no han otorgado los consentimientos solicitados” por la compañía “para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración”, el tercero planteado en el último lustro.
La situación confirmada oficialmente este lunes por Abengoa no es nueva, aunque sí lo es que sus órganos de administración. Ni cuando expiró el plazo del contrato, el pasado 31 de diciembre, ni cuando el consejo de administración de la filial operativa dimitió el pasado 8 de enero, el consejo actual quiso admitir que este rescate concreto, que rompía el grupo mandando a liquidación sólo a la matriz histórica, había fracasado, y que en consecuencia era necesario negociar otro inclusivo, como le reclamaban los accionistas contrarios al mismo y que son mayoría en el capital, para refinanciar el grupo y evitar la quiebra.
El recate anunciado en agosto, consistía en lograr 250 millones de euros de nueva liquidez, distribuidos en un préstamo ICO de 50 millones, 180 millones que prestaba la banca que ya es acreedora con un aval del 70% por parte del ICO y 20 millones que se asignaron a la Junta de Andalucía sin tener ni su contentiminto ni negociar ni fórmula ni contrapartidas por aportar ese capital. Desde antes de la firma el Gobierno andaluz ya mostró sus reticencias por falta de garantías jurídicas. La operación de refinanciación incluía también 300 millones de euros en avales garantizados por el Cesce. En total, 550 millones.
Abengoa, que tiene una plantilla cercana a 15.000 empleados, de los que unos 3.000 trabajan en España, recuerda en su información privilegiada de este lunes que ese acuerdo anunciado el día 6 de agosto logró el día 25 de septiembre había obtenido “las mayorías y consentimientos necesarios para aprobar la operación, a falta de la única condición suspensiva pendiente de cumplimiento, esto era el compromiso de apoyo financiero de 20 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía”. La Junta mantuvo desde esas fechas, finales de septiembre, su negativa a participar, por carecer de instrumentos financieros para participar.
Los consejeros de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo y Margarida de la Riva Smith, aseguran en la información privilegiada que desde agosto hasta el pasado viernes, 19 de febrero, “se ha ido extendido el plazo de cierre de la operación al haberse obtenido en cada posible vencimiento los consentimientos necesarios”. Además, señala que ante la postura del Gobierno andaluz, la empresa “en todo momento y en paralelo, en la búsqueda de posibles alternativas ante la no aportación de 20 millones de euros por la Junta de Andalucía”, pero que “no habiéndose obtenido un nuevo consentimiento para la extensión del plazo, el acuerdo de reestructuración ha quedado automáticamente resuelto de modo que la operación de financiación en su día anunciada no puede ser ya ejecutada”.
“Dado que la resolución automática del acuerdo de reestructuración provoca que dejen de estar en vigor tanto los consentimientos relacionados con el aplazamiento y renuncia de pago de determinados intereses como los waiver y restricciones establecidos en el citado acuerdo respecto de los vigentes instrumentos financieros y de deuda de la sociedad y su grupo, el consejo de administración de Abengoa celebrará de forma inmediata una sesión en la que, en cumplimiento de sus deberes fiduciarios, tomará las decisiones que le correspondan para proteger los intereses de Abengoa y de su grupo de sociedades, teniendo presentes así mismo a todos sus grupos de interés”, afirma la información privilegiada sin explicar qué acciones puede tomar.
La comunicación de la empresa obvia la situación interna de la sociedad, que tiene convocada para la semana próxima una junta general extraordinaria en la que se ha propuesto destituir a este consejo por incumplir los mandatos de otra asamblea de socios celebrada el 17 de noviembre pasado y traicionar así a los consejeros que los eligieron.
En la próximas horas se espera que el consejo anuncie sus decisiones, pese a que es más que probable que su mandado esté entrando en su última semana, dado que la junta general extraordinaria se celebrará el 3 o 4 de marzo próximos.
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