Italia, Ecuador y Tailandia dan tres golpes a las retransmisiones ilegales de fútbol por internet

LALIGA se une a otras competiciones europeas y organismos para pedir a X mayor acción en la lucha contra la piratería

Lamine Yamal y Nico Williams
Lamine Yamal y Nico Williams
Servimedia

12 de agosto 2024 - 17:14

Las autoridades de Italia, Ecuador y Tailandia han acometido tres relevantes actuaciones contra el fraude audiovisual en los últimos días, con lo que refuerzan la lucha que se está librando a nivel global en esta materia para atajar una problemática que hace perder, en el caso del fútbol español, alrededor de 600 millones de euros anuales.

De hecho, recientemente la patronal del fútbol español se ha unido a 14 organismos como la Premier League, la Bundesliga o la Serie A italiana para enviar una carta a Linda Yaccarino, CEO de X, la red social propiedad de Elon Musk, para reclamar “atención inmediata” ante los “fallos en la lucha contra el fraude audiovisual” en la plataforma y “solicitar de forma urgente una reunión con sus representantes por lo que consideramos una situación inaceptable”. La misiva también critica “la actitud de X de cara a eliminar el contenido ilegal en vivo”, porque “es claramente insuficiente e inadecuada”.

Esta es una muestra más de los esfuerzos conjuntos globales que se están llevando en la actualidad en todo el mundo contra la lacra de la piratería audiovisual y que en España lidera LALIGA. Por ejemplo, en Ecuador se ha realizado una significativa operación contra la piratería que ha sido coordinada con varios operadores de internet como Celerity, Xtrim y Netlife, los cuales siguiendo una resolución judicial han bloqueado varias direcciones IP para evitar la emisión de contenido audiovisual de forma ilegal.

Como consecuencia de esta operación, MagisTV, una de las plataformas latinoamericanas ‘piratas’ más populares internacionalmente, y que ofrece contenido protegido por derechos de autor robado a otras fuentes a cambio de suscripción, ha sido bloqueada en Ecuador. Dicha plataforma ha señalado en un comunicado que debido a este bloqueo “no puede ofrecer señal en vivo” de los contenidos, y al mismo tiempo reconoce que es un “servicio de IPTV ilegal”, por lo que puede “conllevar este tipo de contratiempos” a sus usuarios.

La LigaPro, la homónima de LALIGA en Ecuador, ha lanzado otro comunicado en el que se congratula por esta acción al ser víctima de un fraude que “tanto daño hace a la industria del fútbol y, por ende, a nuestros clubes y jugadores”.

Por su parte, el Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) de Tailandia ha destapado una red ilegal de streaming y apuestas online. Las autoridades tailandesas creen que la red utilizó un lavacoches como cobertura para retransmitir partidos de fútbol en el extranjero a sus 30.000 miembros, causando daños por valor de más de 74,7 millones de euros, de acuerdo a informaciones de los medios locales.

Al respecto, los detenidos han sido acusados de violar los derechos de retransmisión del pasado campeonato europeo de fútbol celebrado en Alemania y de blanqueo de dinero.

Según informa el medio italiano Repubblica, la autoridad para la garantía en las comunicaciones en Italia (Agcom) quiere obligar a Google a que introduzca más medidas que luchen contra el fraude audiovisual. En este contexto, reclama a la compañía americana una limitación en la búsqueda de sitios que ofrezcan servicios de IPTV en territorio italiano. Una acción contra este tipo de sitios que en el pasado también implementó Reino Unido.

Para intentar prevenir este tipo de robos, Italia, uno de los países con una de las legislaciones más avanzadas en lucha contra el fraude audiovisual, ha lanzado el sistema Piracy Shield, que permite bloquear retransmisiones en 30 minutos desde que se lanza el aviso desde el organismo gubernamental correspondiente a los operadores que alojan ese contenido ilegal de streaming.

Estas últimas operaciones realizadas en varios países marcan la lucha contra el fraude audiovisual a nivel internacional y así prevenir riesgos para los usuarios, como en el caso de aquellos que contratan servicios ilegales previo pago.

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