El consejo se parapeta

La fecha del 23 de septiembre de 2015, elegida por el consejo de administración del Betis para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas a la que obliga el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre las acciones de Farusa, sigue levantando suspicacias, sobre todo en las personas que podrían entrar a gobernar el club tras ésta.

Las quejas iniciales de Manuel Castaño, quien vio una maniobra de dilación en espera de que el Juzgado Número 1 de lo Mercantil pudiese tener tiempo de nombrar a un nuevo administrador judicial (circunstancia poco factible), han quedado en nada cuando en el entorno del abogado y accionista han caído en la cuenta de que tras el 30 de septiembre, es decir, una semana después, concluye el plazo máximo de tres meses tras el 30 de junio en el que los administradores de la sociedad están obligados a formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.

Aunque el plazo es suficiente, en el Betis concurre el hecho de que se cambie el consejo el 23 de septiembre, lo que abre dos escenarios en nada favorables para los nuevos consejeros de la sociedad: que el consejo entrante acepte sin más las cuentas formuladas por el saliente sin poder, por no existir tiempo material, hacer revisión o corrección alguna a las mismas, o que se vea obligado a formular unas cuentas en el plazo de una semana; es decir, en un tiempo a todas luces insuficiente para hacerlo, o en todo caso a formularlas fuera de plazo incumpliendo la ley de sociedades de capital.

Es por ello que Castaño y varios abogados y economistas de su entorno consideran que "es una fecha intencionadamente elegida para que el consejo saliente pueda, en su momento, alegar que no formuló las cuentas a la vez que se podrá decir que el consejo entrante no lo ha hecho en el plazo legalmente establecido".

Además, es público y notorio que el consejo entrante, de hacerlo el grupo de Castaño en mayoría accionarial (con su 5% más el 51,34% de Farusa), contratará una pericial económico-forense para realizar una análisis exhaustivo de las operaciones económicas del Betis en estos años de intervención judicial. Lógicamente, los resultados del peritaje no podrán llegar a definitivos en el escaso plazo de una semana.

Aunque pueda parecer un hecho menor, en absoluto lo es ya que ante una posible futura reclamación al consejo judicial vía querella criminal por apropiación indebida, delito societario u otros o una acción social de responsabilidad a los administradores del consejo judicial, el criterio contable elegido en la formulación de las cuentas anuales 14-15 sería de enorme relevancia en dichos procedimientos. Teniendo en cuenta los dineros pagados a futbolistas en paraísos fiscales en la época de José Antonio Bosch o el incremento de los gastos exteriores hasta 8.296.735 de euros en el último ejercicio, su trascendencia es aún mayor, de ahí el nuevo enfado que ha provocado la fecha del 23-S.