La acusación particular confía en la juez

Miembros de las distintas plataformas que constituyen la acusación particular contra Manuel Ruiz de Lopera confían en que la juez Mercedes Alaya, cuando se reintegre al trabajo, o en su defecto la suplente, Ana Rosa Curra, no estimen la solicitud de la Fiscalía de poner fin a la intervención judicial en el Betis con la supresión de las medidas cautelares dictadas el 16 de julio de 2010 por la propia Alaya en contra de la Fiscalía.

Tanto Adolfo Cuéllar, de la Liga de Juristas, como Cayetano García de la Borbolla, de Por Nuestro Betis, consideran que no existe argumento jurídico alguno que apoye la petición, aunque el segundo sí conviene en que el proceso se está dilatando y que quizá sería oportuno un juez de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6, que investiga también, entre otros, el caso de los ERE falsos.

A decir de Cuéllar, el juzgado debe seguir protegiendo al Betis con las medidas cautelares. "Es la víctima y se puede entender que, al contrario, hoy está más desprotegida que cuando se dictaron las medidas, ya que se fueron los administradores concursales y, además, a Luis Oliver y compañía, que podrían regresar, se los investiga por posibles delitos", sostiene el abogado.

García de la Borbolla es de la misma opinión. "La situación de riesgo sigue existiendo. Si se suspendiese, se abriría el abanico a la posible vuelta de Lopera u Oliver, aunque el juzgado Mercantil también podría nombrar un administrador para el 30% de las acciones de Lopera, cuya adquisición no está muy clara y se investiga", añade.