Oliver huele la sangre

El complejísimo panorama institucional que vive el Betis, principalmente en el aún más enrevesado mundo judicial, podría sufrir una vuelta de tuerca más en los próximos días, conforme se acerca el final de la causa contra Manuel Ruiz de Lopera que se libra en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que vendría a acontecer en el periodo aproximado de un mes, según adelantó este martes este diario, en base a las manifestaciones de las partes y a las continuas visitas del administrador judicial del Betis, Francisco Estepa, a la juez Mercedes Alaya.

El nuevo escenario que se plantea es la aparición en escena de Luis Oliver, quien, amparado en una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, ha reclamado recientemente los que considera sus derechos a Mercedes Alaya, la instructora del caso.

El directivo okupa, que representó brevemente en el verano-otoño de 2010 la etapa más nigérrima del club, en la que hasta un juez aceptó que saqueó el Betis, no ha dejado de jugar sus bazas y, pese a no haber cumplido con los plazos de la compraventa que habría realizado con Lopera, es decir, entre Farusa y Bitton Sport, se las ha ingeniado para hallar respaldo judicial en Madrid.

Y es que, según adelanta la web betis.com.es, que dirige José Joaquín Solís, la Audiencia Provincial Civil de Madrid desestimó recientemente el recurso de Apelación presentado por Farusa contra Bitton Sport en razón a impago de pagaré. La sentencia en primera instancia explica la conformidad de las partes sobre la celebración del contrato de compraventa de 6 de julio de 2010 y de los pactos de garantía complementaria y escritura pública otorgados en la misma fecha, en cuya virtud se entregó el pagaré litigioso. Y también declara probado que al celebrarse dicho contrato se tramitaba procedimiento penal seguido contra Lopera, por posible delito societario relacionado con el Betis, y que las medidas cautelares adoptadas, en el marco de dicho procedimiento, fueron decretadas con posterioridad al contrato de compraventa.

En resumen, que la segunda instancia, es decir, la Audiencia de Madrid, considera legal la compraventa pese a que se hayan interrumpido los pagos por el proceso que se sigue contra Lopera y que desalojó al empresario navarro y sus adláteres del club y pese a las dudas de uno de los pagarés entregados por éste en su día y que Lopera, al parecer, ni pudo hacer efectivo.

Sea como fuere, en su resolución la Audiencia considera "vigente la transmisión del paquete de acciones y las obligaciones que dimanan del mismo, como si se hubiera realizado, en tanto la referida resolución ( el caso que instruye Alaya) no adquiera plena firmeza".

En base a este respaldo, Bitton Sport presentó el 1 de mayo un escrito a la juez astigitana solicitando tenga en cuenta sus derechos e incluso pidiendo su regreso inmediato, cuando menos, para controlar la actividad deportiva del Betis, que no la económica.

En el escrito, de 7 puntos, tras enumerar los continuos fracasos del actual consejo de administración, solicita lo siguiente: "Bitton Sport quiere exigir a su señoría, por el bien del Real Betis, que o bien levante urgentemente las medidas cautelares o bien limite la administración a la parcela económica, permitiendo a los profesionales de Bitton Sport hacerse cargo de la parcela deportiva de forma inmediata y así poder parar este descenso a los abismos que una administración, con la osadía del ignorante, está perpetrando en el Real Betis Balompié SAD. Los plazos son muy cortos y el mal causado puede ser irreversible". Y finaliza responsabilizando a Alaya de lo que pueda ocurrir de no actuar como demanda Bitton.

Ciertamente, el panorama resulta desolador para el Betis, que se haya en una encrucijada de la que sólo los tribunales o, en último caso, Lopera podrían sacarlo. Y es que éste podría verse obligado a pactar con Bitton para evitar un ominoso y vergonzoso regreso. Si bien el grupo no tiene solvencia acreditada para pagar los aproximadamente 12,8 millones de euros que hoy, cuatro años después del 6 de julio de 2010, debería a Lopera (la venta se realizó en 16,1 millones en cinco años, impuestos y otras cláusulas aparte), fuentes próximas a éstos afirman que podrían reunir ese dinero y que la figura de Mario Conde podría emerger de nuevo como el gran mecenas de este grupo de nefasto recuerdo para el beticismo.

Con todo, hay que señalar también que la juez Alaya suspendió la venta unos diez días después cuando intervino el Betis, que el Consejo Superior de Deportes no la autorizó e incluso existe una segunda escritura anexa a la de compraventa que firmaron Lopera y Oliver con la pignoración de las propias acciones como garantía real de pago, que en teoría sería innecesaria ya que el impago en estos casos queda reflejado en el artículo 1.504 del Código Civil. Pero, eso sí, reforzaría la postura de Lopera de que las acciones siguen siendo suyas, en contra de lo dictaminado por la Audiencia Provincial y Civil de Madrid.