Cautela en el Mercantil

El titular de la segunda sala del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, está dispuesto -al menos eso se colige de sus actuaciones- a aplicar un criterio estrictamente profesional y lo más justo posible a la hora de juzgar si el 31,38% de las acciones de Farusa le pertenecen realmente a la sociedad de Manuel Ruiz de Lopera o fueron adquiridas, por decirlo de algún modo, de manera un tanto oscura o fraudulenta, como han denunciado 17 béticos acreditados y accionistas, a saber: Manuel Serrano, Ignacio Ayuso, Miguel Cuéllar, Raúl de la Peña, José Díaz, Ricardo Díaz, Ricardo José Díaz, Manuel Díaz, Francisco Galera, Luis Morón, Juan Luis Periáñez, Francisco Javier Rodríguez, Juan Manuel Rufino, Juan Salas Rubio, José Manuel Serans, Emilio Soto e Íñigo Vicente, la mayoría de ellos pertenecientes a las diferentes asociaciones que forma también la parte demandante en el juicio penal que instruyó Mercedes Alaya y que se encuentra ya en la Audiencia Provincial.

Estos accionistas, ante el levantamiento de las medidas cautelares en este último proceso, solicitaron a finales de la semana pasada en el Mercantil que se adoptasen las mismas sobre esa parte del paquete de Farusa, sobre el cual aún no hay sentencia, lo que no sería impedimento, según éstos, en aplicación del artículo 730.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Con todo, el juez Carretero emitió a mediodía de ayer un auto denegando la solicitud de éstos por ser, como se dice en Derecho, inaudita parte o, lo que es lo mismo, sin escuchar a la parte demandada, que se supone que algo tendrá también que decir sobre esta pretensión de los demandantes.

Así las cosas, el magistrado emplazó a las partes a una vista que se celebrará el próximo viernes, a las nueve y media de la mañana, en el juzgado y que resultará aclaratoria, cuando no decisiva, sobre el particular.

Y es que lo que los demandantes pretenden, principalmente, es que el juez nombre a un nuevo administrador judicial, ente este caso no del 51,34% de las acciones de Farusa -caso de Francisco Estepa-, sino sólo del 31,38% que se le discute en su juzgado. Lógicamente, en caso de ganar esta apuesta y en tiempo, Lopera no asomaría con la mayoría absoluta a la Junta General Extraordinaria de Accionistas fijada por el consejo saliente del Betis para el próximo 23 de septiembre, fecha que, por este mismo asunto, ha provocado recelos en el entorno de Lopera. Con todo, entre éste, Manuel Castaño y otros accionistas, no dejarían de controlar un 30% de las acciones, que en la asamblea, en la que estaría representado en torno al 75%, no dejaría de ser una buena cifra para introducir tres o cuatro consejeros aproximadamente.

Otra causa es el asunto de la caución o fianza a la que se enfrentan los demandantes, que incluso se han planteado solicitar un crédito bancario para cubrirla. Y es que podría haber una doble caución, una el viernes y otra cuando se decretasen las medidas cautelares, e incluso una caución sustitutoria solicitada por Lopera, quien ya incluso tiene en depósito casi 30 millones de euros por la vía penal cuando la Fiscalía, el pasado martes, vino a cifrar su responsabilidad económica en unos 13 millones.

Ítem más, los tan cacareados 221.582,69 euros que fijase como caución la juez suplente hace dos años -la Audiencia denegó las cautelares por estar en vigor las penales- se corresponden con el 10% del valor nominal del paquete del 31,38% en 1992 (10.000 pesetas, es decir, 60 euros), pero hoy se adquieren (Manuel Castaño, José Miguel López Catalán, Adrián Fernández Romero...) por entre 100 y 120 euros. Ésta y otras consideraciones se analizarán detenidamente en la vista del viernes.