La Audiencia desestima el traslado al CSD

La sección primera de la Audiencia de Alicante desestimó el recurso presentado por la Fiscalía en el que solicitaba la remisión a las autoridades deportivas de las grabaciones sobre una supuesta compra de partidos, con el fin de que el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Fútbol pudieran investigar supuestas infracciones ya que el tribunal consideraba que supondría "la vulneración del deber de garantizar el derecho fundamental a la intimidad de las personas".

En un auto con fecha de ayer, la Audiencia no ve procedente remitir a las autoridades deportivas el testimonio de las conversaciones o el soporte técnico que las contiene y destaca la "posibilidad investigadora" de las administraciones deportivas, puesto que "cuentan con sus medios propios de averiguación de infracciones graves".

El fiscal presentó recurso ante el propio órgano, y subsidiario de apelación a la Audiencia, para solicitar su puesta en conocimiento de las autoridades deportivas ya que alegaba que este traslado "no afectaría a ningún derecho fundamental". En ambas ocasiones se ha rechazado, en el caso de la Audiencia porque sostiene que al dar traslado de estas conversaciones se "quebrantaría" la privacidad de las personas. "Si la finalidad de la intercepatación de las comunicaciones es la investigación de delitos graves, debe quedar excluida de la cobertura de la restricción de ese derecho fundamental cualquier actuación tendente al descubrimiento de hechos que no ostentan esa condición, como es cualquier infracción administrativa", se explica en el auto. Asimismo, se añade que "por grave que sea y trascendencia social" que pueda tener la infracción administrativa "quebrantaría la función garantista de la autorización judicial" de los derechos fundamentales de las personas.

La sala puntualiza que "esas conversaciones ni siquiera debieron acceder al sumario en que se descubrieron", pues no tenían interés para la investigación y consideró "conveniente deslindar" a las partes del contenido de las conversaciones intervenidas y que esas partes queden así "amparadas" en su derecho a la intimidad, garantizado por la Constitución española.

"La Audiencia ha dicho que no y es una pena, porque hemos trabajado mucho en ese tema. Habrá que ponerse en el centro del campo con un maletín y preguntar cuánto vale el partido para comprarlo. Parece que los jueces se han puesto las camisetas de sus equipos y se han negado a todo", dijo Oliver.