Alaya rechaza suspender la declaración indagatoria de Lopera
La defensa dice que la cita del 12 de junio está "vacía de contenido" y que sólo servirá para la "incriminación mediática" del ex presidente del Betis.
La juez que investiga la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis, Mercedes Alaya, ha rechazado su renuncia a la declaración indagatoria, prevista para el jueves 12 de junio, dado que se trata de una posibilidad no prevista en la ley.
Ruiz de Lopera había pedido a la juez suspender su comparecencia judicial, trámite previsto tras el auto de procesamiento dictado el pasado 8 de mayo, por entender que es un acto "vacío de contenido" que sólo servirá para su "incriminación mediática". Según el ex máximo accionista del Betis, a lo largo de los seis años de instrucción de la causa su abogado "ha ofrecido completas, exhaustivas y minuciosas explicaciones" y la declaración indagatoria "carece de contenido procesal" pues "no se ha aportado dato o elemento nuevo a la causa" desde su última comparecencia.
Por ello, la defensa proponía suspender su citación y dar por reproducida su última comparecencia ante Alaya, el 14 de noviembre de 2013, cuando Lopera se acogió a su derecho a no declarar.
La juez Alaya, una vez concluida la instrucción de la causa, citó el pasado 28 de mayo a los restantes imputados: el empresario Luis Oliver, que compró las acciones a Lopera; el exvicepresidente Ángel Martín, el sobrino de Lopera Francisco Javier Páez y a otras personas que figuraban como titulares de sus empresas, todos los cuales se acogieron a su derecho a no declarar.
En el auto de procesamiento, Alaya acusó a Lopera de haber llevado a cabo un "plan preconcebido" para descapitalizar el club desde que fue vicepresidente económico, proyecto que diseñó "en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio".
La juez ha cuantificado el "beneficio final y el correlativo perjuicio para el Real Betis" en las catorce temporadas bajo Lopera en "la imponente suma" de 24,9 millones de euros. Sobre Oliver, la juez indicó que se habría incorporado al "proyecto criminal" iniciado por Lopera como "cooperador necesario" al comprar las acciones "a sabiendas del carácter litigioso de las mismas" para intentar "hacer ineficaz cualquier pronunciamiento judicial sobre ellas".