Entra en vigor la normativa que prohíbe las llamadas spam

Las llamadas comerciales no solicitadas ni consentidas, el conocido como spam telefónico, son ilegales desde este 29 de junio, fecha en la que ha entrado en vigor la Ley General de Telecomunicaciones. Tampoco se podrán "recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de comunicación comercial sin haber prestado su consentimiento previo para ello".

El año pasado se puso en marcha la Ley General de Telecomunicaciones, normativa que regula de forma uniforme y omnicomprensiva el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. En una de sus disposiciones finales se aclaraba que su artículo 66 entraría en vigor un año después.

Precisamente este artículo es el que afecta a todos los ciudadanos que están cansados de recibir llamadas con ofertas que no les interesan y que además desconocen en qué momento se han hecho las grandes compañías con sus teléfonos y datos personales.

El apartado indica, además del derecho a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana con fines comerciales, el no recibirlas salvo que exista consentimiento previo del propio usuario. No obstante, la normativa encuentra un resquicio en el Reglamento Europeo 2016/679 que indica que si serán lícitas las llamadas "para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales".

Así, los usuarios deberán haber autorizado expresamente y de forma previa a las empresas para que estas tengan permitido llamarles para venderles sus productos y servicios, arriesgándose a ser sancionadas de no cumplir con la prohibición.

La Agencia Española de Protección de Datos entra a regular

La Agencia Española de Protección de Datos es otra de las instituciones que ha saltado a la palestra para regular este asunto. El organismo inició el pasado mes de abril un periodo de consulta, que ya ha finalizado, para regular la normativa vigente.

El objetivo es, teniendo en cuenta el vacío con respecto a determinadas llamadas, esgrimir un texto en el que los expertos en la materia también pusieran su granito de arena para crear un marco de seguridad jurídica plena para los usuarios.

El resultado ha sido un borrador de circular, la segunda en la historia de la Agencia Española de Protección de Datos, que indica que si una compañía realiza este tipo de llamadas acogiéndose al interés legítimo, los responsables tendrán que hacer un "juicio de proporcionalidad" con carácter previo, documentarla y tenerla a disposición de la Agencia. Además, "se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tratamiento es lícito cuando exista una relación contractual previa, siempre que el responsable hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario".

Medidas demasiado laxas

No obstante, algunas organizaciones que salvaguardan los derechos del consumidor consideran que las medidas son "laxas y que debería ser más estricta". Así lo indica Miguel Serrano, profesor en la cátedra de derecho de consumo en la Universidad Pablo de Olavide y vicepresidente de Facua: "Una cosa es que la empresa nos quiera contactar para abordar el contrato que tenemos con ellos y otra para que nos ofrezcan algo mejor. Sólo deberían ponerse en contacto con los clientes para tratar cuestiones relacionadas estrictamente con lo contratado".

El experto explica que las llamadas comerciales no serían válidas cuando el usuario lo ha expresado previamente, cuando no hay una vinculación contractual, o cuando formas parte de las listas Robinson. Esto último es un directorio que trata de ayudar a los particulares a librarse del spam que practican las compañías, especialmente las operadoras telefónicas, a través de llamadas, SMS, correos electrónicos, correo postal o fax.

"El hecho de tener un producto contratado no significa que los usuarios tengan que recibir llamadas y ahí es donde tiene que estar el límite. Parece que la Agencia en este punto es bastante laxa", apostilla Miguel Serrano. Además, señala que el documento emitido por la institución no hace referencia a la limitación horaria. Actualmente, no se pueden hacer llamadas ni antes de las 09:00 horas, ni después de las 21:00 horas, ni los fines de semana, ni los festivos. "Ahora mismo la norma no hace referencia ni a los fines de semana, ni a los festivos. Habría que hacer una interpretación conjunta de la Ley 25/2007, de 18 de octubre", manifiesta el profesor.

Coto a la mala praxis

Esto significa que las compañías podrán llamar para casos concretos como un cambio en las condiciones del contrato o del servicio que se ofrece, o un aviso urgente de naturaleza extraordinaria. Los expertos en derechos del consumidor y las organizaciones que se dedican a su protección consideran que el foco, a partir de ahora, será controlar a las empresas para que no realicen llamadas comerciales de forma encubierta.

"Es evidente que se ha hecho una mala praxis de los datos personales. Las llamadas de spam eran algo molesto que había que regular y da respuesta a una demanda de la propia sociedad y a una reivindicación de las organizaciones de defensa de los consumidores", explica a este periódico el catedrático de Marketing de la Universidad de Sevilla Curro Villarejo.

El experto indica que el flujo de información personal, prácticamente sin límites, se debe a que la revolución tecnológica ha propiciado que "nos incluya a todos en una nube en la que los datos fluyen de forma continua". No obstante, también señala que esta sobreabundancia de datos personales no legitima a que las grandes compañías puedan usarlos con el fin de promocionar nuevos productos, "porque el consumidor no está facilitando su información para este fin".