El TSJA anula el ERE de Mercasevilla de 2007 por indemnizaciones abusivas

El Ayuntamiento dejará de pagar el ERE de Mercasevilla de 2007. Así lo anunció ayer el delegado de Economía, Empleo, Fiestas Mayores y Turismo, Gregorio Serrano -a la sazón también presidente de la central de abastos-, tras dar a conocer la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula dicho expediente de regulación de empleo al considerar abusivas las indemnizaciones que se pactaron para los 40 trabajadores despedidos. El gobierno local convocará una comisión ejecutiva para analizar el fallo y acudirá a los tribunales para exigir responsabilidades a quienes dirigían entonces Mercasevilla así como a los representantes del comité de empresa por esta "ilegalidad".

Irregular, nulo y fraudulento. Así califica la Sala de lo Social del TSJA el ERE de 2007 en el mercado central de Sevilla. El Ayuntamiento ha tenido constancia de esta sentencia al tratarse de la respuesta a un recurso de súplica que interpuso Mercasevilla contra un trabajador que reclamaba 10.822,86 euros (cantidad que se le tendrá que abonar). En los fundamentos de derecho se expone que el fraude de ley -según la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 1996- se define como "una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la obtención de un resultado antijurídico".

En este sentido, recuerda que los ERE son utilizados para "mejorar la situación de una empresa en crisis como Mercasevilla", de manera que el ordenamiento laboral jurídico fija una indemnización menor de 20 días por año de servicio y de 45 días en caso de ser improcedente. El TSJA detalla que se puede acordar un pago superior a lo previsto "siempre que guarde proporción con la situación económica de la empresa", caso que no es el de la central de abastos sevillana: "Una empresa en una precaria situación económica no puede acordar indemnizaciones que superen con mucho los límites legales, mucho menos como en este caso, en el que se pretendía pactarlas pero no pagarlas, sino que fueran financiadas por la Junta, al parecer con la anuencia del director general de Trabajo". Tal cargo fue ocupado entonces por Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso de los ERE.

En el expediente de regulación de empleo de Mercasevilla de 2007 se pactaron indemnizaciones de hasta más de 1.300 días por año de servicio con un importe total de 378.233,51 euros (a un trabajador que no poseía ni cuatro años de antigüedad en la empresa). Por tal motivo, el TSJA considera que se produjo una "descapitalización de la empresa por superar con mucho los recursos económicos de la misma y precarizar aún más su situación al asumir deudas que ponen en peligro su viabilidad". Esto conlleva a declarar el mencionado ERE como "irregular y nulo por fraudulento [...] al permitir a los trabajadores obtener unas indemnizaciones superiores a las que les hubieran correspondido en el caso de reconocerles la improcedencia del despido".

Esta sentencia -que no supone la readmisión de los trabajadores sino que afecta a las cláusulas de indemnización- la dio a conocer ayer el presidente de Mercasevilla como respuesta a una propuesta llevada al Pleno por el grupo socialista. Gregorio Serrano ha dejado claro que el fallo se acatará, motivo por el cual se ha convocado la comisión ejecutiva de Mercasevilla para analizarla. El edil popular ya ha adelantado que la intención del gobierno local -una vez que se cuente con los informes solicitados a los letrados de la central de abastos- es suspender las indemnizaciones, exigir el reintegro de las cantidades y pedir responsabilidades tanto a los directivos de la empresa (entonces Fernando Mellet era director general) como a los representantes de los trabajadores que pactaron el ERE.

La Junta empezó a pagar estas ayudas a los trabajadores, cuyo montante global se elevaba en un principio a más de nueve millones de euros que luego se redujeron a siete tras la detección de intrusos. Una vez que estalló el escándalo de los ERE, el Gobierno autonómico se negó a seguir pagando dicho dinero, pese a existir documentos -firmados por Guerrero- que avalaban dicho abono.

Del pago se hizo entonces responsable el Ayuntamiento, que ha sufragado dos millones estos años, quedando pendientes otros cinco, cuyo cobro por parte de los trabajadores es una incógnita, pues Serrano advierte que seguir pagando supone una "prevaricación" tras la sentencia del TSJA.