La Guardia Civil detecta un "incremento patrimonial ilícito" de Antonio Rivas

La Guardia Civil ha remitido un oficio a la juez Mercedes Alaya en el que asegura que ha detectado “incremento patrimonial ilícito” del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas -que ha sido citado a declarar este viernes por la juez Alaya- y revela que la novia de una de sus hijos trabajó para empresas del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, de las que habría cobrado 21.840,13 euros.

En un oficio remitido a la juez Mercedes Alaya el 13 de noviembre de 2013 pero que habría sido recibido en el juzgado el pasado 27 de enero, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalan que la información facilitada por los distintos organismos oficiales a lo largo de la investigación indiciariamente “revelarían un presunto incremento patrimonial ilícito, pendiente de confirmar y cuantificar, pudiendo haber utilizado para ello a personas vinculadas directamente a su entorno familiar”.

Los investigadores destacan, en este sentido, la vinculación laboral que “la pareja de uno de sus hijos habría mantenido con sociedades vinculadas a Juan Lanzas –el conseguidor de los ERE y ex sindicalista de UGT– y que formaban parte del entramado societario”. La Guardia Civil se refiere expresamente a María del Carmen Rodríguez Borrego, quien habría figurado de alta en el régimen de la Seguridad Social en las sociedades mercantiles “Al Andalus Mass Media Channel y Consulting Social Siemur”, de las cuales habría percibido 21.840,13 euros en los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Los agentes concretan que esta persona habría recibido 19.084,72 euros de los ejercicios 2008 y 2009, y 4.765,41 de los años 2007 y 2008.

Los investigadores señalan que las pesquisas han sacado a la luz otra empresa, Canal Baeza y La Loma S. L., que formaría parte del entramado societario creado por el conseguidor de los ERE Juan Lanzas para reintroducir en los circuitos económicos el dinero procedente de la sobrecomisiones. Además, se habrían utilizado las cuentas de una hija de Juan Lanzas, María Lorena Lanzas Sierra, para el “trasvase de fondos indiciariamente de origen ilícito”. De la misma forma, la Guardia Civil ha concretado la vinculación de Lanzas con la Asociación Andaluza para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, de la que sería su presidente y que, según el informe policial, esta sociedad habría solicitado ayudas públicas ante la Junta de Andalucía, “desconociendo en este momento de la investigación si habría sido beneficiaria de algún tipo de ayuda”.

Por todo ello y para determinar el fin último de los fondos públicos, los agentes han pedido a la juez que autorice un estudio de la información registral de las empresas beneficiarias y un análisis de la investigación de la información financiera de determinas personas físicas y jurídicas que “pudieran haber recibido de manera irregular fondos procedentes del erario andaluz”. Así, la juez ha autorizado esta petición, que incluye la investigación de la Asociación Andaluza para el desarrollo de la sociedad del conocimiento y Canal Baeza y la Loma, así como cinco personas, entre ellas la hija de Juan Lanzas y de otro familiar del ex delegado de Empleo Antonio Rivas.

En este oficio policial (el número 162), la Guardia Civil recuerda que en anteriores atestados ha hecho referencia a la participación del conseguidor Juan Lanzas en los hechos investigados, a las relaciones de amistad del ex sindicalista con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, “responsables de la gestión de las ayudas públicas, tramitación de expedientes, y adjudicación de subvenciones en relación con los cursos de formación”, y también se ha dibujado la “utilización de un entramado societario y personas de su entorno familiar para introducir en el circuito financiero el dinero de origen ilícito, permitiéndole con ello un incremento patrimonial desproporcionado y su posterior distribución entre las diferentes personas físicas y jurídicas participantes en la trama, algunas de ellas con responsabilidades en el ejercicio de funciones públicas”.

De otro lado, la Guardia Civil describe cómo se producía el desvío de fondos procedentes de las pólizas pagadas por la Junta. “Una vez que la Junta libraba el dinero de las primas de las pólizas hacia las compañías aseguradoras, éstas hacían llegar a las mediadoras unas sobrecomisiones supuestamente autorizadas directamente por los responsables de la concesión de las subvenciones. Una vez que estas sobrecomisiones llegaban a las mediadoras intervinientes, se comenzaba un proceso de distribución del capital con el objetivo de ocultar el verdadero origen del dinero, para su reintroducción en el mercado económico, perfeccionando con ello un supuesto delito de blanqueo de capitales, haciendo llegar parte de estos fondos a otras personas que habrían facilitado la culminación de todo el proceso, entre ellas algunas autoridades administrativas con responsabilidad en la concesión de las subvenciones objeto de desvío”.