Sólo queda la vía judicial

La realidad de cada día del Betis se ha convertido en una guerra de guerrillas, como la llegaron a calificar los administradores judiciales, y a nadie le sorprende que se sucedan noticias o declaraciones que tapen otras anteriores y que incluso cambien el curso de los acontecimientos. Ayer fue el presidente, Jaime Rodríguez-Sacristán, quien retrató abiertamente el pensamiento del consejo de administración, esbozado anteriormente por Luis Oliver, que pasa por no convocar la junta general extraordinaria que anunciaron para el 30 de noviembre. Si desde los administradores judiciales y las plataformas de la oposición se espera ese día para hacer cumplir el auto de Mercedes Alaya, ahora todas las miras se desvían hacia los juzgados, el único lugar que podría adelantar su celebración.

"No se puede convocar una junta extraordinaria cuando se ha pedido por dos lados. Una junta es costosa, provoca mucho trabajo y bloquea el engranaje diario de un club. No sólo es la publicación, sino que hay que preparar la documentación para los accionistas, hacer las copias... Es brutal. Ellos han pedido una convocatoria judicial y tenemos que esperar a que el juez se pronuncie. No podemos hacerlo antes. Si la convocamos para el 30-N y luego dentro de cuatro días lo hace el juzgado, el pitorreo estaría servido. Ellos han puesto su demanda y no podemos hacer nada hasta que resuelva el juez. Ya avisé de que, según los tiempos de la Justicia, su decisión iba a diferir en cuatro o cinco días del 30 de noviembre, pero ellos lo han querido así", aseguró Rodríguez-Sacristán en Onda Cero, dejando patente la verdadera intención del consejo de administración. Y es que Oliver ya adelantó en su día que su intención era la de celebrar únicamente una junta en diciembre, el mismo mensaje que ayer lanzó el nuevo presidente: "La ordinaria se convoca seguro y si el consejo no lo hiciera sería el mayor disparate que se puede cometer. A mí me gustaría que se aglutinaran la ordinaria y la extraordinaria, pero no podemos hacer nada mientras no haya una decisión judicial. El año pasado fue el 30 de diciembre y pudo acudir todo el mundo".

Pero el nuevo presidente no se limitó a exponer las ideas del consejo, sino que arremetió contra los administradores judiciales. "El 16 de septiembre fue la única reunión en la que no estuve presente y se llevaron el 95% de la documentación del club escaneada. La única batalla que he perdido es que los sacaran del club un día que yo no estaba presente. En cualquier caso, la última intervención de Porrúa fue un atropello y una injuria, porque cuando la ley nos da la razón a nosotros es una triquiñuela y cuando es a ellos es una garantía jurídica", apuntó Sacristán, que incluso fue a más en su crítica: "Han tenido 200 apariciones en prensa en dos meses y ése no es el mandato judicial que han recibido. Que hagan su trabajo con rigor y no amenazando con demandas y embargos de patrimonios personales. Además, hay un señor que ha estado en el crucero más largo del mundo. Nosotros también le mandamos escritos a la juez, pero no sé si los lee o los mete en un cajón".

Donde no quiso entrar el presidente fue en la reunión mantenida el pasado verano con gente de la oposición para acabar con Luis Oliver. "Todos hemos tenido reuniones, pero yo no voy a dar nombres porque cada cual acudió con la mejor voluntad de ayudar al Betis desde su visión. Los problemas suscitados no los entiendo porque todos íbamos por el bien del Betis", apuntó Sacristán, que sí rebatió duramente a Rufino González: "Sólo he discutido con una persona: Rufino González. Él quería asumir la dirección deportiva de la entidad a finales de julio, y yo le dije que no le veía capacitado a esas alturas del verano y así me entendieron todos. Se lo anuncié hasta en tres ocasiones y delante de personas de confianza. Si eso es una traición... Hay testigos de que esto ocurrió así".