El Ejecutivo de Rajoy tumba el plan de la Junta para reabrir Aznalcóllar

La reapertura de la Mina de Aznalcóllar, en la que la Junta tenía puestas sus expectativas para crear empleo en la provincia de Sevilla, en la que la destrucción de empleo no halla fondo, no podrá materializarse de momento. Puede que en años. Lo que tarde el Tribunal Constitucional en resolver el recurso que el Gobierno de la nación va a presentar contra el decreto-ley 9/2013 que la Junta aprobó en diciembre y que validó en enero el Parlamento andaluz, también con los votos del PP.

La decisión se tomó ayer en el Consejo de Ministros, al considerar que la Administración andaluza se atribuye competencias sobre reservas mineras que son "exclusivas" del Estado, por la Ley de Minas de 1973. También va a presentar un conflicto de competencias contra el concurso para adjudicar la explotación. Ello conlleva la paralización de todo el proceso y ha caído como un mazazo en la comarca de Aznalcóllar, en la patronal minera y en los sindicatos, por todo lo que iba a mover esa reapertura en pleno auge de la minería metálica y en un contexto de crisis.

El origen del conflicto está en la figura de la "reserva minera", que la Ley de Minas prevé para yacimientos con un interés público especial. Como excepción, permite que la concesión para explotarlas no se haga según los derechos adquiridos por las empresas que se han ido interesando, por orden de antigüedad y siempre que cumplan determinados requisitos, sino mediante publicidad y libre concurrencia. Con la figura, la Junta pretendía "expropiar" los derechos que existían sobre la zona, "limpiarla", para realizar un concurso y elegir el proyecto con las mayores exigencias de seguridad, viabilidad técnica, económica y ambiental, dado el precedente del vertido y la catástrofe ecológica que esa mina causó en 1998. De hecho, se había vetado a Boliden y a empresas vinculadas a la multinacional sueca que entonces gestionaba la mina.

Para justificar esa "reserva minera autonómica" el decreto aludía al "reparto competencial" Estado-comunidades, a la "tardanza" del Estado en aprobar otra ley de minas que se adapte al "régimen constitucional de distribución de competencias" y a que ello aboca a tomar decisiones "excepcionales y extraordinarias" para Aznalcóllar. Se contaba con el aval del Gabinete Jurídico de la Junta y se consultó a la Universidad de Sevilla. Pero el Estado ha dicho que no. Que la Ley de Minas atribuye "directamente al Estado" la facultad de reservarse zonas en las que el aprovechamiento de recursos pueda tener especial interés para el desarrollo económico y social. Se trata -insiste- de una facultad no traspasada a las comunidades autónomas por la relevancia de esos recursos para el interés de la nación. El Gobierno mantiene además que otros preceptos del decreto son inconstitucionales por conexión y vulnera las exigencias de necesidad y urgencia previstas por el artículo 86 de la Constitución. Sin medias tintas.

Tampoco las tuvo ayer el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, al calificar la decisión como una "traición" a Andalucía. Hace unos días hubo una conferencia sectorial en materia de minas en la que nadie informó al consejero andaluz de las intenciones del Gobierno, que -dijo- "pueden representar en la práctica el final del proyecto de reapertura de la mina", ya que la impugnación suspende el concurso hasta que el Constitucional se pronuncie. Incluso si los magistrados decidieran levantar la suspensión cautelar que ha pedido el Gobierno, la inseguridad jurídica lo haría inviable.

Sánchez Maldonado puso el acento en que, haciendo uso de esa figura de la reserva minera, de forma excepcional, la Junta pretendía eludir la regla de prior tempor, poior iure (el derecho reconocido al que primero lo solicita) de una Ley de Minas que es "preconstitucional" y que es "una invitación a la especulación". El consejero hizo hincapié además en el "amplio consenso político y social que existe en Andalucía para reactivar la minería de forma sostenible" y que esta decisión del Gobierno de España "se sitúa contra los intereses de Andalucía".

Por parte del Gobierno central se pronunció la delegada en Andalucía, Carmen Crespo, quien destacó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy sólo pretende que el proceso cuente "con todas las garantías conforme a la legislación y sin invasión de competencias". Aunque, según añadió, apuesta por "un desarrollo económico sostenible de la comarca". Crespo reiteró que la Junta "no puede, de manera unilateral, iniciar un proceso tan crucial para Andalucía" y recordó que la catástrofe de Aznalcóllar causó un gran daño medioambiental, que "no se ha reparado del todo". Los tribunales aún no se han pronunciado sobre los costes que debe pagar Boliden por la limpieza y restauración de la zona y que no se han dirimido 16 años después por que los propios juzgados en los que se presentó la reclamación no tenían claro si la vía adecuada era la civil o la administrativa. Se está casi en el punto de partida.

En estos meses en los que se viene hablando de la iniciativa, que anunció Susana Díaz, la hoy presidenta de la Junta cuando aún era consejera de Presidencia y se postulaba para suceder a José Antonio Griñán, sólo Ecologistas en Acción advirtió de la posible inconstitucionalidad de la medida.